La propuesta de reforma a la Ley de Amparo, junto con modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, plantea un cambio de gran alcance que impacta tanto a ciudadanos como a empresas, al restringir el acceso a la protección judicial, dificultar la defensa preventiva y debilitar la efectividad de las sentencias.
En la práctica, la reforma endurece los requisitos para la suspensión de actos, amplía los casos en los que no proceden y limita la capacidad de frenar actos administrativos, financieros o regulatorios de manera anticipada. Como consecuencia, tanto ciudadanos como empresarios se ven obligados a esperar hasta la resolución definitiva, incluso cuando el daño podría ser irreversible, generando riesgos significativos para la operación de negocios y la protección de derechos fundamentales.
El coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, ha advertido que la iniciativa representa un despropósito y que su aplicación limita gravemente la protección de los derechos fundamentales, destruyendo el amparo como instrumento de defensa frente a los abusos de autoridad. Anaya señala que, pese a que su bancada participará en los conversatorios convocados por Morena, el diálogo está condenado al fracaso debido a que el oficialismo acostumbra imponer su mayoría para aprobar iniciativas, reduciendo de manera sistemática los espacios de discusión hasta transformarlos en foros sin impacto real. De acuerdo con Anaya, este proceso legislativo demuestra la tendencia a simular la escucha ciudadana y debate, mientras que en la práctica se consolidan decisiones unilaterales que afectan a todos los actores involucrados.
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Uno de los elementos más criticados por Anaya es el artículo transitorio aprobado por el Senado, que aplicaba normas de manera retroactiva y fue calificado por él como violatorio de la Constitución. El legislador exigió su eliminación, señalando que la retroactividad afecta directamente a ciudadanos y empresas, y que incluso si el transitorio se corrige, la reforma continúa limitando el interés legítimo y la suspensión del acto reclamado, dejando a los ciudadanos sin defensa frente a los abusos de la autoridad. Además, el legislador panista sentencia que la reforma restringe la participación de colectivos, y asociaciones en la defensa de derechos difusos, mantiene que las sentencias no tengan efectos generales, dificulta la ampliación de demandas, condiciona recusaciones de jueces y tipifica nuevos delitos con márgenes amplios que pueden convertir diferencias administrativas en sanciones penales. Estos cambios generan una mayor incertidumbre jurídica, fragmentación de litigios y aumento de los costos legales para empresas y ciudadanos, afectando la confianza en el sistema judicial y en la aplicación de la ley.
En el plano fiscal, la reforma limita el amparo contra créditos indebidos, obliga a esperar hasta la etapa de remate y establece la obligación de garantías líquidas, medidas que descapitalizan a contribuyentes y Pymes. Se refuerza la criminalización de discrepancias fiscales y se restringe la elección de garantías, otorgando mayor poder coercitivo a las autoridades. Anaya sentencia que la reforma no aborda de manera efectiva delitos fiscales previos, como el huachicol fiscal y el denominado “robo del siglo”, donde se desviaron recursos por miles de millones de pesos, y únicamente se sancionó a niveles inferiores, mientras los responsables de mayor jerarquía permanecen sin consecuencias.
La reforma, según Anaya, llega en un momento crítico en el que lo que más se requiere es garantizar justicia y certeza jurídica. La combinación de concentración de poder en el oficialismo, reducción de espacios de debate, retroactividad del artículo transitorio y limitaciones sustanciales al amparo generan un escenario de alta incertidumbre para ciudadanos y empresas. La defensa legal se vuelve más costosa y fragmentada, la protección de derechos fundamentales queda debilitada y los riesgos de sanciones arbitrarias se incrementan. Empresas que dependen de permisos, concesiones o facturación digital se ven particularmente expuestas a la discrecionalidad de las autoridades, mientras que los ciudadanos pierden herramientas esenciales para defenderse de abusos administrativos y fiscales.
También se resalta que los foros iniciales de discusión, concebidos como parlamentos abiertos, se redujeron a simples audiencias públicas sin impacto real, lo que evidencia que las decisiones se toman sobre la base de instrucciones jerárquicas y la imposición de mayorías espurias, sin que exista un debate sustantivo que proteja los intereses de los afectados. En este marco, la reforma no sólo limita la defensa judicial, sino que contribuye a un entorno de impunidad y desprotección frente a irregularidades y abusos de autoridad, tanto en el ámbito fiscal como en otros ámbitos administrativos.
Voz en off. El consorcio GAMI Ingeniería e Instalaciones, unidad de ingeniería y construcción de Grupo INDI, liderado por Manuel Muñoz Cano, se sube al Tren del Golfo de México, al diseñar y construir un tramo de poco más de 136 kilómetros del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo. Su propuesta presentada en la licitación pública internacional LO-09-D00-009D00999-I-32-2025 recibió la máxima calificación en rubros como calidad de procedimientos constructivos, experiencia del personal técnico directivo y disponibilidad de maquinaria y equipo, siendo acreedor al contrato otorgado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), que comanda Andrés Lajous, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que lleva Jesús Esteva Medina. La adjudicación comprende los segmentos 18, 19 y 20 de la ruta, que conectarán la localidad de Arroyo El Sauz con la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas…