Alto al nepotismo judicial

El 11 de octubre se registró en el Senado una iniciativa para adicionar dos párrafos a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El hecho es relevante por haber sido presentada por el coordinador de la mayoría, lo que permite suponer que la iniciativa pronto se convertirá en ley.

El proyecto es muy simple. Por un lado, propone adicionar el artículo 112, obligando a quienes buscan ser parte de la carrera judicial a publicar su declaración de intereses, incluyendo vínculos de familiares y de afinidad con integrantes del Poder Judicial. Por otro lado, agrega al artículo 131, como causa de responsabilidad para los servidores públicos judiciales, realizar o gestionar nombramientos cuando exista un interés personal, familiar o de negocios.

Algunas voces han considerado esta iniciativa un ataque a la autonomía del Poder Judicial. Para formarnos una opinión equilibrada, resulta pertinente recordar que en julio de 2017 se publicó un estudio que mostró cómo la mitad de jueces y magistrados federales tenía parientes laborando dentro de la Judicatura Federal. Tras visitar durante un año 31 entidades federativas (la Ciudad de México quedó excluida) y revisar 1,031 perfiles, se comprobó que los parientes de 501 de ellos ocupaban plazas en diversos órganos jurisdiccionales. El informe, realizado a instancias del consejero Felipe Borrego, señaló la existencia de redes clientelares entre casi la mitad de los juzgadores, quienes permitían “enroques” en diferentes circuitos. Así, 112 titulares de órganos jurisdiccionales obtuvieron posiciones para sus cónyuges; 180, para sus hijos; 136, para sus hermanos; y 27, para sus padres.

A pesar de las revelaciones acerca del nepotismo prevaleciente, el Consejo de la Judicatura Federal se limitó a emitir un comunicado de prensa, precisando que la autoría del informe era exclusiva de un consejero, no del órgano colegiado, y que, con ánimo de propiciar reflexiones, fue entregado a sus integrantes, quienes lo analizarían.

Hace dos meses, un profesor del CIDE publicó una investigación titulada: “Nepotismo y Redes Familiares en el Poder Judicial Federal”. En ella, Julio Ríos muestra que poco más de la mitad de los jueces y magistrados tiene, por lo menos, un pariente trabajando en órganos jurisdiccionales federales. Señala también que 93% de los cargos ejercidos por los parientes consanguíneos carece de filtros meritocráticos. Esto quiere decir que muy probablemente obtuvieron el puesto en razón de su parentesco. Esto, a su vez, les otorga una posición ventajosa, en caso de que decidan concursar por una plaza de juez o magistrado, pues la competencia se encontraría sesgada a su favor. La publicación del estudio no mereció la emisión de comunicado alguno. El 9 de octubre, no obstante, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció que había ordenado una investigación, a fin de identificar vínculos familiares entre sus servidores públicos. Da la impresión de que este órgano no hizo nada para combatir el nepotismo, sino hasta que se enteró de que el senador Monreal presentaría una iniciativa dos días más tarde.