Balance del gobierno de Enrique Peña

En los últimos suspiros que le quedan a esta administración, se hace obligado un balance del desempeño del gobierno de Enrique Peña, el cual es, a mi juicio, fundamentalmente negativo. Cierto, responsabilizar a una sola persona de todos los males de un país es pecar contra la más elemental lógica, y cierto también que muchos de sus errores y deficiencias son atribuibles a funcionarios de su gabinete y de su partido, a los legisladores o a otras instituciones. Pero no es menos cierto que la concentración presidencialista del sistema político mexicano lleva a poner énfasis en la actuación de Peña Nieto.

Lo positivo. Poco. Quitando el gravísimo problema heredado de seguridad (que, sin embargo, parecía empezar a revertirse allá por 2011), Peña había recibido un país política y económicamente estable, con instituciones públicas robustas, finanzas sanas y crecimiento económico (en poco tiempo se había logrado superar y revertir los efectos de la crisis de 2009). En su inicio, habría que valorar positivamente la habilidad de un gobierno en minoría legislativa que logró la construcción del Pacto por México, con reformas muy importantes (aunque ciertamente con claroscuros), entre las que destaca la única que ha logrado rendir frutos notorios: la de telecomunicaciones. De ahí en adelante, más que un liderazgo político que dejara una impronta, el gobierno se dedicó a administrar los abundantes recursos con los que contaba. Algunas cuestiones positivas adicionales se pueden resumir en los datos y resultados de las campañas genéricas “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, sin dejar de mencionar también la reclusión de Elba Esther Gordillo y el aparente éxito del equipo negociador del nuevo acuerdo comercial de América del Norte.

Lo negativo. El sexenio de Peña quedó marcado por una elevada percepción de corrupción, impunidad, frivolidad, insensibilidad e incapacidad. Esta columna no tendría espacio suficiente para enlistar —ya no digamos analizar— los hechos que sumaron en la evaluación negativa del gobierno, haya sido por (mala) actuación, omisión o falta de reflejos. Pasó absolutamente de todo: el grave recrudecimiento de la violencia en todo el país y la extensión de la inseguridad ciudadana y de la impunidad a extremos insospechados; el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el pésimo manejo de la crisis que provocó; el penosísimo caso de Valeria —la niña de once años atacada sexualmente y asesinada tras abordar una combi en el Estado de México— y las atroces cifras de feminicidios y de asesinatos de periodistas y políticos; la imperdonable segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera; la exoneración y devolución de inmuebles y cuentas bancarias de Raúl Salinas; el escándalo de la “Casa Blanca” de Las Lomas de Chapultepec, la abyecta corrupción de los gobernadores (casi todos del PRI, notoriamente los Duarte y Borge) y el esquema de latrocinio a gran escala de “la estafa maestra”; el socavón del paso exprés de Cuernavaca; la invitación y tratamiento como jefe de Estado del entonces candidato republicano Trump; la práctica de salir del país cuando había que enfrentar graves crisis nacionales; las ostentosas y faraónicas comitivas a las giras (principalmente a Francia e Inglaterra); la ignominia de salir de Los Pinos con un amparo bajo el brazo; y un muy largo etcétera. Pero la PGR se lleva mención honorífica: la investigación de Ayotzinapa, el caso Nieto, el caso Odebrecht, la indebida intromisión en el proceso electoral de 2018, la sentencia “casi absolutoria” de Javier Duarte, el desvío de recursos públicos en la campaña de Chihuahua…en fin. Bien podría decirse que lo único malo de que se acabe este sexenio es que vaya a empezar el siguiente.

La consecuencia. Por cierto, sin dejar de reconocer alguno que otro mérito en Andrés Manuel López Obrador, el principal responsable del resultado electoral del pasado 1 de julio, y de lo que venga a partir del 1 de diciembre, se llama Enrique Peña Nieto. Así de simple.