Borrón, cuenta nueva y Operación Safiro

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que siete gobiernos estatales priistas: Chihuahua, Durango, Sonora, Colima, Estado de México, Congreso de Morelos y la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México, desviaron más de 650 millones de pesos de partidas federales al PRI, a través de 12 empresas fantasma cuyos accionistas mayoritarios son un policía mexiquense, detenido en 2016 por robo, su esposa, dos hijos y parientes; todo a través de un mecanismo bautizado como “Operación Safiro” (así, con “S”).

Al conocido caso de los 250 millones de pesos enviados al PRI desde las arcas de Chihuahua, en tiempos del prófugo exgobernador César Duarte, se suman desvíos mayores por parte de Jorge Herrera, exmandatario en Durango; desde Sonora y otras triangulaciones por montos proporcionalmente menores que salieron de la administración del hoy senador mexiquense Eruviel Ávila, del actual gobierno de Colima y de la anterior jefatura delegacional en Milpa Alta.

La trama descrita a detalle por los investigadores de MCCI, Raúl Olmos, Valeria Durán y Ricardo Alvarado señala que la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por el hoy canciller Luis Videgaray, mismo que hace tres días alabó la gestión del Presidente electo ante la NFL, para que en 2019 sí haya partido oficial en el Estadio Azteca, blindó ante el SAT a esas 12 empresas fachada, las cuales recibieron millonarias transferencias sin prestar ningún servicio o entregado algún bien a esos gobiernos estatales.

Los domicilios fiscales de las 12 empresas, además de repetirse, tienen por común denominador sus ubicaciones: todas en domicilios particulares y todas en colonias y barrios marginales de la ciudad y del Estado de México. Las transferencias de dinero, con fecha y bancos involucrados, exhiben el patrón clásico del lavado de capitales: apenas recibían los depósitos, se dispersaban a otras empresas y luego hacían pagos a personas físicas para borrar su destino.

La “Operación Safiro” tiene delatores, hay testigos, nombres y apellidos, despachos legales y notarios públicos bajo investigación; testimonios de exfuncionarios que revelan cómo sus jefes les garantizaban que esos desvíos no serían descubiertos por dos factores fundamentales: porque otros gobiernos locales estaban haciendo lo mismo y porque las 12 empresas utilizadas eran invisibles para el SAT, por órdenes superiores.

Claudia Ruiz Massieu volvió súbitamente a la escena pública para criticar al Presidente electo, por su “borrón y cuenta nueva” en el combate a la corrupción. La priista exige justicia donde deba y que nada ni nadie supedite su cabal ejercicio.

Andrés Manuel López Obrador dice que no quiere perseguir al pasado, propone punto final. La honestidad debe también, además de valiente, ser consistente.

Ante la “Operación Safiro”, ¿borrón y cuenta nueva? El sentir del pueblo, aun sin seudoconsultas de por medio, no apunta en ese sentido; igual que con el “perdón y olvido” a delincuentes, por menores que éstos sean. Y el pueblo, dicen, no se equivoca.