Contra la violencia, la justicia

“Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”

Jean de la Bruyére

La delincuencia es parte de un ecosistema dentro de un Estado; todos los Estados tienen algún grado de violencia, ésta es la principal razón de la existencia de las Policías y Ministerios Públicos, quienes son los encargados de combatir a dicha delincuencia.

Por lo anterior, debería ser correlativo el número de bandas delincuenciales y el número de policías y Ministerios Públicos (MP), habiendo un equilibrio, a mayor violencia un mayor el número de policías que contribuyan a la detención de los delincuentes, y también un mayor número de MP que los investiguen; sin embargo, en nuestro país hay un desequilibrio, hay un déficit de policías y MP.

Desde luego, además de atender las causas socio-económicas que generan la violencia, se debe condenar el alto número de delitos cometidos, y para combatirlos se debe de hacer uso de la fuerza legítima a través de las propias Instituciones del Estado, como son la policía, los MP y los Tribunales.

Max Weber, señala en su obra La política como vocación, que el Estado, en ejercicio de la autoridad, en un determinado territorio y con legitimación de su gobierno, tiene el monopolio de la violencia, por medio de la policía y los militares, como sus principales instrumentos, por ello es que nuestro actual gobierno, que llegó a la Presidencia de la República con una gran diferencia de votos a su favor, está totalmente legitimado para utilizar el uso de la fuerza del Estado para pacificar al país; sin embargo, la actual política ha impedido el uso de la violencia por parte del Estado, provocando una falta de impartición de justicia.

Debemos de señalar que el Estado mexicano, ante la delincuencia imperante en el país, tiene la obligación legal de actuar; su actuación debe apegarse a la aplicación de la ley; por ello, si alguien comete un delito, las Instituciones legitimadas para ello deben de proceder a la detención y enjuiciamiento de aquellas personas que cometieron el delito, de no hacerlo son responsables por la omisión, al dejar de aplicar la ley.

También, Max Weber señala que aquellos Estados que no controlan el uso de la fuerza violenta no son esencialmente Estados funcionales; si lo aplicamos a que en amplias zonas de nuestro país impera el crimen organizado, se puede considerar que el Estado no está funcionando con el monopolio de la fuerza, lo que ha generado múltiples críticas al actual gobierno, el cual está obligado a la aplicación de la ley e impartir justicia, sin distinción alguna.

La aplicación de la ley e impartición de justicia es una obligación de los gobiernos, Municipal, Estatal y Federal, el no hacerlo genera una responsabilidad para los funcionarios encargados de aplicarla, no hay excusas para no hacerlo, a nuestro país le urge la impartición de justicia, y como dice la Constitución, que sea pronta y expedita, de lo contrario hay una gran irresponsabilidad, la cual está tipificada como un delito.