Estado de chueco

Esto escribí ayer en estos Pesos y Contrapesos: “Lo que se presentó ayer (lunes) no fue EL programa de reactivación económica que se requiere, sino un plan de inversión en infraestructura (que, dicho sea de paso, estaba pendiente desde noviembre del año pasado), que ayudará a la reactivación de la economía, pero que de ninguna manera corresponde al que debe ser EL programa de reactivación económica, cuyo primer objetivo debe ser restablecer la confianza de los empresarios para que inviertan directamente más, mucho más, de lo que han invertido desde que se canceló, por obra y gracia de una consulta popular, la Construcción del NAIM en Texcoco.

Para recobrar la confianza de los empresarios el gobierno debe, ¡por lo menos!, comprometerse a no volver a recurrir a consultas populares para decidir el futuro de inversiones directas, ya sea en aeropuertos, en plantas cerveceras, en fábricas de fertilizantes, y las que pudieran darse”.

Insisto en el punto. Para recobrar la confianza de los empresarios, y que decidan invertir directamente más de lo que han invertido para producir bienes y servicios, crear empleos y generar ingresos, el gobierno debe, ¡por lo menos!, comprometerse a no volver a recurrir a consultas populares para que el pueblo decida si se invierte o no (grave) o, peor aún, si se debe o no continuar con inversiones ya en marcha (gravísimo).

El lunes, durante La Mañanera, en el marco de la presentación del plan de inversión en infraestructura, con algunos empresarios presentes, con los medios de comunicación atentos, era el momento y el escenario ideal para que AMLO, reconociendo los errores, se hubiera comprometido a ello, pero perdió la oportunidad. Y no solamente no lo hizo, sino que dijo, y lo cito, que “por encima de la ley está el pueblo, está la democracia”, afirmación propia del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho, que defino como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas.

No solamente AMLO perdió la oportunidad para, ¡por lo menos!, comprometerse a no volver a recurrir a consultas populares para decidir en materia de inversiones directas. Los empresarios, representados por el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, también perdieron la oportunidad para exigir, ¡sí: exigir, como corresponde a verdaderos ciudadanos!, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a sus derechos a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, derechos que en cualquier momento se vuelven a violar por obra y gracia de una consulta popular.

Por encima de la ley, ¿está el pueblo?