Arturo Vieyra

Finanzas Públicas 2021: el mismo camino

BRÚJULA ECONÓMICA

Arturo Vieyra *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Arturo Vieyra 
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Uno de los grandes temas que menos controversia ha provocado en el quehacer de la actual administración es el manejo de las finanzas públicas. Para sorpresa de muchos, descontento de algunos y fortuna para la estabilidad macroeconómica del país, la política fiscal del país acumula tres años de un manejo prudente y relativamente sano de la hacienda pública.

Contrario a lo que pensaban algunos opositores al principio del sexenio en el sentido de que el actual sería un gobierno al estilo de la izquierda tradicionalmente vista en América Latina donde la política fiscal ha llevado a constantes déficits y aumentos progresivos de la deuda pública, lo que hemos visto hasta ahora es lo contrario, un estricto apego a la disciplina fiscal basada en la denominada “Austeridad Republicana” que consiste básicamente en una marcada astringencia en el gasto del Gobierno federal y algunos otros órdenes de gobierno, que en paralelo se acompaña por un esfuerzo significativo por aumentar la recaudación de ingresos tributarios. Ello con la finalidad de cumplir con las prioridades propias de la actual administración, a saber, principalmente incrementar el gasto en protección social y cumplir con las mega obras de transporte e infraestructura.

Así, para el año pasado los resultados de las finanzas públicas no cambiaron de tono. El déficit (Requerimientos Financieros del Sector Público) medido como porcentaje del PIB fue de 3.8%, ligeramente por debajo del 4.0% del año pasado; asimismo, la deuda pública ampliada (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) registró una disminución respecto al año anterior al pasar de 51.7% del PIB en 2020 a 50.1% el año pasado. En consecuencia, no se acumulan presiones sobre la hacienda pública.

Al interior de las cuentas fiscales, destaco tres hechos: primero, se mantienen las prioridades del gobierno en el ejercicio del gasto. Particularmente, tomando la clasificación funcional del gasto, se registra un incremento real en las erogaciones de desarrollo social (1.7%), y principalmente, en protección social (5.2%), fortaleciendo así el compromiso con los programas sociales del régimen.

En segundo lugar, el incremento real en el gasto total (6.4%) pudo realizarse sin presionar un mayor déficit gracias al incremento de los ingresos (5.6%). Principalmente, los mayores ingresos petroleros (derivados del mayor precio, y en menor medida, de un aumento en la producción de crudo) fungieron como pivote para fortalecer las erogaciones; aunque también la continua mejora en la recaudación del ISR e IVA apoyaron la posición fiscal.

En tercer lugar, el rubro denominado “inversión impulsada por el sector público” registra una reducción de 0.7% con lo que ubica el nivel en 2.6 puntos porcentuales del PIB dos décimas menos que un año antes y casi la mitad de hace una década. Sin duda es un problema nacido en administraciones anteriores que, sin embargo, prevalece como una insuficiencia de la política fiscal para la promoción del crecimiento. La baja inversión pública —a pesar de las megaobras del Gobierno federal— es el elemento de ajuste para mantener el gasto social.

Se tiene una lectura mixta de las cifras fiscales, debe considerarse que mantener la disciplina fiscal contribuye en lo fundamental a la estabilidad macro. Los esfuerzos en materia de austeridad y mayor eficiencia en la recaudación son evidentes; no obstante, la sustentabilidad de la política de protección social y el apoyo al crecimiento económico vía mayor inversión pública, sólo podrán obtenerse —en ausencia de una reforma fiscal— con mayor crecimiento económico, el cual todavía es una promesa.