Arturo Vieyra

Política económica 2023: retos mayores

BRÚJULA ECONÓMICA

Arturo Vieyra*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Arturo Vieyra
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Los Pre-Criterios de política económica publicados por la Secretaría de Hacienda a comienzos del segundo trimestre de cada año constituyen el documento que abre la discusión sobre el posible rumbo del quehacer de las políticas públicas para el año siguiente, en este caso para el 2023.

Los recientes lineamientos marcados por el documento oficial son relevantes en dos sentidos. El primero da cuenta de la evaluación del desempeño económico del año en curso, y segundo, da una idea de cuál será la estrategia de política fiscal y perspectiva económica para el 2023. Ambas evaluaciones son de particular interés por el hecho de que hoy se manifiestan disparidades en las estimaciones oficiales y de los analistas económicos.

Lo que más llama la atención es el marcado optimismo de las autoridades en materia de crecimiento económico que para este año suponen un avance del PIB de 3.4% y para el siguiente de 3.5%, ambas cifras están por debajo del consenso de analistas de la última encuesta Citibanamex de 1.9% y 2.0% respectivamente, incluso, vale la pena mencionar que ninguno de los 34 analistas que participan considera un avance económico tan alto para los dos años.

Si bien el documento oficial argumenta un fuerte impulso al crecimiento por megaobras, aprovechamiento del T-MEC, mejores condiciones laborales, remesas, programas sociales y la recuperación de la industria automotriz, son razones que no parecen suficientes para lograr un avance tan sólido.

Otro elemento de vital importancia en la programación oficial se refiere a las finanzas públicas, donde se enfatiza —como ha sido la política a lo largo de toda la presente administración— una postura fiscal prudente apuntalada por tres elementos: (1) repunte de los precios del petróleo y un ligero repunte en la producción de crudo; (2) continuidad en la fortaleza recaudación de ingresos tributarios; y (3) austeridad en el gasto público.

Con base en estos elementos, se pretende una disminución marginal en el déficit fiscal medido como porcentaje del PIB (3.7% en 2022 y 3.3% en 2023 versus 3.8% en 2021) y también una disminución en la deuda pública (41.6% para 2022 y 2023 versus 50% en 2021). Ambas estimaciones enfatizan la decisión del Gobierno federal por mantener la estabilidad macroeconómica.

No obstante, los riesgos negativos sobre este escenario son altos. En primer lugar, la amenaza sobre los ingresos públicos es evidente con la mencionada sobreestimación del crecimiento económico —que implica menores ingresos tributarios o exige una mayor eficiencia en la recaudación—. Además de que el esfuerzo por contener los precios de la gasolina y el diésel pueden anular por la vía de un mayor subsidio los ingresos petroleros extraordinarios. Asimismo, hay que tomar en cuenta que, al menos durante el primer bimestre, el desempeño en la recaudación del IVA ha sido negativo (-10% real anual).

Los riesgos sobre los ingresos ponen en entredicho las estimaciones del gasto. Si asumimos que hay firmeza en la decisión del gobierno por mantener el déficit en los niveles estimados, será muy complicado cubrir las obligaciones (gasto social y obra pública, principalmente), de lo contrario, mayor deuda y déficit serán la salida. En general, un panorama complicado para las finanzas públicas, y especialmente para el cumplimiento de los objetivos de política económica. Sería prudente una revisión de las expectativas oficiales en la presentación del paquete económico hacia finales del año.