Los profesionales de la “okupación”

Muchas cosas se han disparado desde que inició la pandemia, entre ellas, la ocupación de inmuebles de manera ilegal.

Son movimientos políticos que han sido muy fuertes, por ejemplo, en Venezuela, donde incluso dan cursos para aprender a ser invasores.

En España se ha vuelto un movimiento incluso con respaldo político de partidos. Y es que la “okupación”, o invasión de inmuebles ha aumentado en al menos 300% desde que inició el Estado de Alarma en España.

La diferencia entre “ocupar” y “okupar” reside en el carácter político de ésta última. “Okupa” es un movimiento social radical que defiende la ocupación de inmuebles con el fin de utilizarlos como vivienda o centros de reunión con fines sociales, políticos y culturales.

Su objetivo es denunciar las dificultades económicas para hacer efectivo, a costa del derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda.

Lo cierto es que bajo el pretexto de la “okupación”, criminales o personas sin escrúpulos han utilizado esta modalidad para adueñarse de lo ajeno. No es el Estado quien les da vivienda, buscan apoderarse de departamentos y casas de las personas.

En un reportaje del medio español El Mundo, las historias de invasiones y despojos se repiten por todo el país y reflejan la impunidad con la que cientos o miles de propietarios han visto como son arrebatados sus inmuebles sin poder hacer algo.

Hay casos de trabajadores de la salud que al llegar a casa se dieron cuenta que un invasor se la había apropiado; casas de verano arrebatadas por malvivientes, o edificios en pleno centro de Madrid donde narcotraficantes se apoderaron primero de un departamento, y luego de todo el edificio.

Si bien es cierto que este delito se ha ido incrementado exponencialmente en los últimos 10 años, la empresa Desokupa estima que este 2020 se registrarán cifras récord.

Un aspecto a resaltar es que la “okupación” no se da por la necesidad de familias desvalidas por la crisis, sino de invasiones encabezadas por la delincuencia organizada.

De ser remanso de paz, las zonas más nobles de Galicia se convirtieron en el foco de invasores; incluso los propios vecinos han tenido que organizarse para detener a estos criminales.

Atentan contra la propiedad

De acuerdo con las investigaciones, el perfil del “okupa” varía: por un lado, son españoles que se dedican a invadir casas sistemáticamente; es decir, salen de una casa y entran a otra. Son jóvenes sin ninguna necesidad, pero ahora prefieren las casas con piscina.

Otros son las mafias del África Subsahariana, dedicadas al menudeo de droga. Éstas prefieren departamentos en zonas urbanas.

También están los rumanos, marroquíes y argelinos que venden pisos “okupados” a sus paisanos; se caracterizan porque no tienen preferencia por propiedades en particular.

Por último, están los asiáticos y latinoamericanos, quienes son la minoría, aunque se teme que aumenten, especialmente en Barcelona, el principal laboratorio social “okupa”.

Y es que la alcaldesa Ada Colau ha sido relacionada por años al movimiento; incluso existe un video en el que se observa a la joven Colau “okupando” un piso en la ciudad donde ahora gobierna.

El propio Ayuntamiento ha apoyado un curso dictado por anarquistas titulado: “Taller de liberación de espacios”, y el pasado 5 de julio se dictó otro llamado: “Autogestión y modelos de vivienda alternativos”, ambos organizados por el Casal de Joves de les Corts, una organización orientada a jóvenes de entre 18 y 35 años.

En 2008, Ada Colau viajó a Maracaibo a estudiar el movimiento “okupa” venezolano; y es que ésta es una práctica arraigada en el país sudamericano. El Frente de Defensa del Norte de Caracas alertó que durante el confinamiento los caraqueños están viviendo una nueva oleada de tomas ilegales de la propiedad privada.

Tan sólo en los últimos 100 días (junio), 15 inmuebles habían sido invadidos en Caracas; incluso, la asociación denunció que esto ocurre bajo la complicidad de la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías.

Pero la invasión de inmuebles y terrenos se ha presentado varios países, como en México. Hace unos días, al menos cinco familias de El Barrial, en Nuevo León, denunciaron la invasión de sus terrenos.

Pero la invasión de predios y viviendas es un problema añejo en nuestro país. En el caso de Puebla, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda ha detectado desde el 2016, al menos 700 inmuebles invadidos.

A finales de 2019 en el fraccionamiento Villas Universidad, un grupo de 50 personas intentó adjudicarse media docena de inmuebles. Vecinos acusaron a “una organización política” de estar detrás de esas ocupaciones y refirieron que era el segundo suceso registrado en ese año.

En el caso de la Ciudad de México, la invasión de viviendas y predios ha estado ligada históricamente a organizaciones sociales. En 2016, el Instituto de Vivienda tenía detectadas a cerca de 700 grupos en las 16 delegaciones.

De ellas, 23 organizaciones son las que con mayor frecuencia invaden inmuebles. En esta lista negra se encuentran la Asamblea de Barrios, el Frente Popular Francisco Villa, Consejo Democrático Chinampa de Juárez, Antorcha Campesina, Provivienda Independiente Ticomán, La Hormiga, Comité Urbano Popular Azteca, entre otras.

Pero no sólo son organizaciones sociales las que se dedican a estas actividades, el grupo criminal La Unión de Tepito ha diversificado sus actividades ilícitas a la invasión de predios, que después son utilizados para construir departamentos, o incluso, plazas comerciales.

Los predios adjudicados de manera ilegal se encuentran en las alcaldías de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Pero también hay políticos que buscan hacer de esta práctica un acto legal. Y es que desde hace más de un año se han querido presentar leyes para proteger a los inquilinos sin importar si cubren la renta, si dañan el inmueble y dejan en el desamparo a los propietarios.

Primero se buscó modificar el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, la cual trataba sobre los desalojos forzosos.

Con esto se buscaba abrir la puerta a la invasión de la propiedad privada. Si usted era dueño de una propiedad, no podía desalojar a sus inquilinos, incluso se les debía garantizar una vivienda cercana a su inmueble.

Finalmente, el Congreso capitalino modificó el artículo 60, pero hace unas semanas surgió otra iniciativa que, bajo el argumento de la pandemia de Covid-19, los caseros no podían solicitar el inmueble a los inquilinos, aunque no pagaran renta.

Valentina Batres, diputada local de Morena, y Martha Ávila, coordinadora de la fracción, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso local la iniciativa para reformar al Código Civil en materia inquilinaria.

Pero la presión ejercida por varios sectores hizo que Morena frenara la iniciativa de rentas congeladas en la CDMX que permitiría a los inquilinos no pagar renta al casero.

Martha Ávila, coordinadora del Grupo Parlamentario en el Congreso local, anunció en Twitter que, por el momento, no hay condiciones para reformar el Código Civil en materia de arrendamiento, ya que se requiere más tiempo para construir un acuerdo que no vulnere los derechos de ninguna de las partes. Pero eso sí, advirtieron que la iniciativa será replanteada más adelante.