Responsabilidad política

Hace diez años pude conversar largo con el entonces secretario de Comunicaciones del gobierno federal, Juan Francisco Molinar Horcasitas (1955-2015), hasta un año antes, director del IMSS. La plática giró alrededor de su responsabilidad jurídica y política en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora que mató a 49 bebés y marcó la vida de otras decenas más.

A Juan Molinar le afectó profundamente que su prestigio fuera mancillado injustamente por la politización de aquella tragedia. Culpó de lo que consideraba una infamia al PRD dirigido por los Chuchos Ortega y Zambrano pero aún liderado por Andrés Manuel López Obrador. En el Congreso lo llamaron asesino y el registro gráfico de aquella comparecencia lo marcó.

Molinar contaba con los documentos necesarios para establecer su no culpabilidad en la cadena de mando que otorgaba las concesiones para guarderías subrogadas cuando estuvo al frente del IMSS hasta antes del incendio. Fue imposible jurídicamente acusar de nada a Juan Molinar.

Frente a la renta política que la desgracia daba al PRD y la erosión que esta le producía al gobierno de Felipe Calderón, Molinar ofreció su renuncia a la SCT. No le fue aceptada, se le pidió hacer frente y responder con certeza y convicción. Los asistentes a aquella reunión le cuestionamos la otra responsabilidad, la política.

Amplio debate sobre lo que eso implicaba. ¿Por responsabilidad política debió renunciar Daniel Karam, titular del IMSS al momento del siniestro? Apartarse del encargo para no interferir en las investigaciones, también sería rehuir la incomodidad y presión que los adversarios políticos al gobierno de Felipe Calderón usufructuaban con deleite.

En 2014, la desaparición y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fue atendido como delito del fuero común. Desde el inicio se supo de la participación de policías municipales. Se sospechó sin comprobar, del probable involucramiento de militares. Al confirmarse el trasiego de heroína como detonador de la oscura noche, la federación se metió de lleno al caso.

El gobierno de Enrique Peña Nieto quedó marcado desde entonces. Su tardía reacción para atraer las investigaciones le valieron la politización de la masacre. Los adversarios de aquel gobierno, Morena (en vías de convertirse en partido político) destacadamente, endosaron los 43 al sexenio priista. Estado asesino fue la consigna, los pases de lista la coreografía.

Responsabilidad política ineludible. La jurídica alcanzó a más de 100 personas. La justicia fue torpedeada con misiles políticos que apelaban derechos humanos en busca de peces gordos, de nombres emblemáticos. Al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, la conclusión de la mal llamada “verdad histórica” lo invalidó.

Con los más recientes hallazgos de la FGR como la identificación de restos calcinados y la confirmación sin fisura de que tres jóvenes ya no están en calidad de desaparecidos sino oficialmente muertos; la hipótesis central de Murillo Karam se sostiene. Se han inculpado y detenido a soldados y oficiales, en el camino se han liberado a matarifes confesos de participar en la matazón.

La narrativa se altera, no todos fueron incinerados en el basurero de Cocula, algunos quizá se carbonizaron en la barranca La Carnicería a 800 metros de distancia. Nadie aparece vivo.

La cronología: el robo del autobús equivocado (con heroína rumbo a Chicago) en una región gobernada por perredistas cooptados por cárteles en disputa, Guerreros Unidos y Los Rojos, la connivencia de policías, fuerzas federales y sicarios de diversa jerarquía propició la matanza, lo que siguió fue la incineración de sus cuerpos. En una o varias piras. Su dispersión en uno o varios predios. La verdad histórica vive. La justicia penal se escapa. La sentencia política se sostiene, fueron los muertos de Peña.

La responsabilidad política por el desplome de la Línea 12 del Metro en Tláhuac se escurre entre peritajes técnicos por entregas. Meses van a transcurrir antes de que jurídicamente se puedan enderezar acusaciones en contra de responsables puntuales dentro del enjambre burocrático de tan grande obra de infraestructura pública.

¿Se politiza el caso de la Línea 12? Como el de la guardería ABC, como los 43 de Ayotzinapa. Tragedias, no incidentes, calamidades producto de secuencias de corrupción multiplicadas en todos los lados de la reducida geometría política nacional. Lucro politiquero que va y viene indolente frente a víctimas del dolor y la necia y persistente impunidad.