¿Y la veda?

De la moda lo que acomoda, reza la conseja popular. En el México transformado podemos decir de las leyes lo mismo. En 2019 Morena y sus aliados aprobaron modificaciones constitucionales en materia de consulta popular para incluir la revocación de mandato, bandera de campaña. 

Promesa presidencial cumplida, Morena y los suyos incluyeron la herramienta de democracia participativa y dieron forma a la revocación, no sólo como enunciado o un hecho concreto que sucedería a medio sexenio. No, también redactaron las letras chiquitas que toda norma jurídica tiene.

Y en esas reglas se estableció que los partidos políticos no recabarían firmas para solicitar la revocación; una norma lógica porque si no, el mandatario en turno estaría a la defensiva de sus opositores que aprovecharían para amenazar su permanencia en el cargo por razones ideológicas y no a la luz de su comportamiento y resultados.

En consecuencia, tendríamos presidentes en campaña permanente, ocupados en su popularidad y en los programas que les garantizaran cumplir los periodos de gobierno para los cuales fueron electos. Y eso sería contraproducente para la buena marcha del país. ¿O no?

En cambio, al dejar que sea sólo el pueblo el que convoque a la revocación de mandato se garantiza la espontaneidad del ejercicio, la inconformidad de un sector de la sociedad que si rebasa el 40 por ciento de participación el día de la consulta hará vinculante su resultado. Bien pensado.

Vamos camino a una consulta cuestionable. Que Siga la Democracia A.C., agrupación “ciudadana” que recabó más de 11 millones de firmas entre buenas y falsas, es una fachada de Morena para trampear la ley. A Gabriela Jiménez, excandidata de Morena y cabeza de la asociación civil le manejan la campaña en medios desde oficinas de Morena.

Desde allá solicitan espacios en radio y prensa para responder y tundir a Lorenzo y a Ciro. Calca el discurso de Mario Delgado. Sin disimulo, Que Siga la Democracia no son ciudadanos, son activistas que trabajan con la infraestructura de un partido político.

Volviendo a la construcción que Morena y los suyos hicieron dentro de la Carta Magna, destaca la veda electoral. Mandato para que gobiernos y partidos no promuevan la consulta una vez que el INE emita la convocatoria. El INE lo hizo ayer.

Exentan dicha prohibición —al redactar se les olvidó lo de “prohibido prohibir”—, temas como salud, seguridad, educación y asuntos económicos relevantes; la idea es evitar la propaganda que incida en la opinión sincera del pueblo.

Sin embargo, la veda es ya letra muerta a la luz de actos y dichos políticos. Esa ley no acomoda, no pega, no es pertinente, lo era, lo será para que cuando existan otros gobiernos menos probos y francos, los restrinja, los próximos 64 días la veda será una idea, letras, no hechos.

En la redacción del texto constitucional el Legislativo mandató a que, si el pueblo lo solicitaba a través de sus firmas, la consulta para revocar el mandato presidencial por pérdida de confianza, debía tener alcance y cobertura idéntica a la elección federal intermedia. De ese tamaño imaginaron los representantes populares de Morena el ejercicio.

En los hechos, no se destinó el presupuesto que el INE estimó necesario para cumplirlo. La respuesta fue: “bájense el sueldo, sean austeros”. El INE motivó que el Poder Judicial, a través de la SCJN y el Tribunal Electoral le ordenaran sin incurrir en un desacato, hacer la consulta no como debe, sino como pueda.

Y podrá hacerla a un tercio del tamaño de la anterior. Si al proyectar 161 mil casillas a nivel nacional el domingo 10 de abril no había probabilidad de alcanzar el 40 por ciento de participación, con 50 mil es imposible.

La consulta pues, no la pide el pueblo. Y el resultado no tendrá efectos importantes para la democracia participativa. De la moda, sólo aquello que acomoda.