El poder del taxi

En 2013, los servicios de taxi por aplicación llegaron a México. Desde entonces, la movilidad cotidiana en muchas ciudades ya no puede concebirse sin el acceso a este tipo de servicios.

Pero, a casi una década desde su llegada, no ha sido nada sencilla su evolución y penetración en el mercado mexicano. Ni bien iniciaron operaciones en nuestro país, diversas confrontaciones tuvieron lugar entre los prestadores de los servicios por aplicación y el gremio de taxistas, quienes argüían que dichos servicios operaban de manera ilegal al no pagar impuestos, al no contar con seguro para el transporte de pasajeros y al funcionar al margen de la normatividad aplicable para los taxis convencionales.

Tras innumerables confrontaciones —muchas de ellas violentas— entre ambos grupos, finalmente, las autoridades de diversos órdenes de gobierno regularon la operación de los servicios por aplicación, lo que ha permitido que ambas alternativas de transporte convivan —a veces, más por las malas que por las buenas— en diversas regiones del país.

Por lo que respecta al público usuario —en términos generales—, los servicios por aplicación significaron una alternativa de movilidad de mayor calidad, más segura, más eficiente y, en muchas situaciones, más barata —particularmente, en horario nocturno y para desplazarse desde aeropuertos y centrales camioneras, en donde las tarifas ridículamente altas, por parte de los taxis de sitio, son una constante.

Pero esto no ha sido así en Quintana Roo, en donde los servicios por aplicación no han podido funcionar —salvo un breve lapso entre 2016 y 2017—, ante la intransigencia del gremio de taxistas que ha boicoteado constantemente sus actividades. Y las consecuencias son evidentes para cualquier usuario que haya tenido como destino Cancún, en donde —por norma— salir del aeropuerto en taxi puede costar tanto como el propio boleto de avión para llegar a dicho destino. Así de absurdo el control absoluto del transporte privado de pasajeros, por parte de las agrupaciones de taxis en ese estado.

Si bien desde 2018 una reforma legislativa local habría permitido las actividades de servicios de transporte por aplicación en la entidad, no fue sino a inicios de este año en que la resolución de un amparo abrió la puerta para que, finalmente, estos servicios operen en la entidad. Pero, casi a la par, comenzaron las agresiones por parte de taxistas organizados hacia vehículos y choferes de aplicación e, incluso, en contra de los propios pasajeros.

El asunto ya fue motivo de mención en las comparecencias matutinas de López Obrador. Aunque le restó importancia, el tema resulta de particular relevancia, en una entidad en la que la presencia del crimen organizado ha aumentado significativamente en la última década —y bajo cuyo control, seguramente, se encuentran diversas agrupaciones de taxis para llevar a cabo otro tipo de actividades ilícitas, como narcomenudeo, trata de personas o secuestro.

Cuestión de tiempo para ver hasta dónde llega el asunto y qué poderes —los fácticos o los del Estado— se logran imponer.