“¡Fuera Vargas!”: clamor partidista y legislativo

Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda solicitó congelar cinco cuentas bancarias del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, ante la sospecha de un presunto enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita, dirigentes y legisladores de partidos políticos, incluido Morena, demandaron que debe ser separado de ese cargo, mientras la Fiscalía General de la República lo investiga.

Coinciden en que quien está frente al organismo que va a calificar y avalar los resultados de las elecciones del año que entra y está bajo investigación por presunto enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita y depósitos en efectivo, no puede, ni debe permanecer en ese cargo, al que llegó severamente cuestionado aun por sus propios colegas.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

A pesar de que desde febrero de este año, la UIF presentó ante la FGR una denuncia en contra del presidente del TEPJF, ésta no logró avanzar “porque las dependencias gubernamentales no le han allegado las pruebas necesarias para las indagatorias, reconoció la Fiscal Especializada en Combate la Corrupción, María de la Luz Mijangos.

Ella es esposa del abogado Jaime Cárdenas Gracia, quien, precisamente por la corrupción que encontró en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en el que sustituyó a Ricardo Rodríguez Vargas, optó por renunciar a tres meses y 19 días de haber sido nombrado por el Presidente López Obrador, sin que hasta la fecha se sepa siquiera si ha merecido investigación alguna.

Eso parece confirmar, en los casos de corrupción no sólo del presidente del Tribunal Electoral, denunciado por la UIF desde febrero, y del Indep, y de muchos otros que se han denunciado públicamente, que esos hechos, se dejan pasar el tiempo con el propósito de que se olviden y dejen de merecer atención.

Por la gravedad que el caso de Vargas entraña, como titular del organismo que calificará y avalará los resultados de las elecciones de 2021, se espera que esta vez, la FGR haga valer su autonomía y exija que se le aporten pruebas de los presuntos ilícitos cometidos por aquel y que, de ser comprobados, sea relevado del cargo, se le finquen responsabilidades y no haya más “exoneraciones” como la forma en que la Secretaría de la Función Púbica, “ha “resuelto” otros casos, para supuestamente “combatir la corrupción”.

Y es que en los dos años de este Gobierno que mañana cumple, la corrupción que se “combate” es la de anteriores gobiernos, priísta y panista, pero no la que se ha registrado del 1º de diciembre de 2018 a la fecha, por más que en las mañaneras de Palacio Nacional se insista en que aquella “ya se acabó”.