Otro paso en la militarización

Por iniciativa del Gobierno del Presidente López Obrador y con el apoyo del PRI, México da un paso más hacia la militarización. Así se puede contar esta historia:

Primer acto: el 31 de agosto el Presidente envió la iniciativa para transferir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Pocas horas después, la Cámara de Diputados la aprobó —en madruguete y sin mucha discusión—, tanto en lo general, como en lo particular. La oposición manifestó su rechazo, declaró que seguiría votando en contra y, de aprobarse, interpondría una controversia constitucional.

Segundo acto: la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó un tuit en el que invitó al público a su conferencia semanal, ya que en ésta filtraría más audios de su antecesor, Alejandro Moreno, Alito —actual presidente del PRI—, pese a que un juzgado federal en materia administrativa ordenó la suspensión definitiva de la difusión de más audios en contra del exgobernador.

Tercer acto: pocas horas después, la diputada Yolanda de la Torre, del PRI, propuso una iniciativa para modificar el artículo 5º transitorio del decreto que creó la GN, para aplazar 4 años más —de 2024 a 2028— la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

Cuarto acto: Sansores —quien había declarado que pese al amparo concedido a Alito seguiría filtrando audios— publicó otro tuit en el que escribió que desistiría de revelar más conversaciones.

Quinto acto: el PAN manifestó estar listo para salir del frente opositor si el PRI contravenía su acuerdo de ir en contra de la militarización de la seguridad. La diputada De la Torre aseguró que su iniciativa era propia e independiente, y no obedecía a la solicitud de alguno. El presidente del PRI se desvinculó de la iniciativa y recalcó que su interés era respetar los acuerdos con la alianza opositora.

Sexto acto: el 9 de septiembre, los morenistas en el Senado aprobaron en lo general la iniciativa presidencial.

Séptimo acto: la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, el martes 13, el dictamen para extender al 2029 la participación militar en seguridad.

La anterior es una obra mala, triste, irónica, irreal, que exhibe con absoluta certeza el desinterés del Ejecutivo, de los partidos Morena, del Trabajo, Verde y de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, de construir un país seguro, con instituciones civiles que puedan ser llamadas a rendir cuentas y respetar los derechos humanos.

Lo malo de esta obra: si el apoyo del PRI se mantiene en el Senado, Morena y sus aliados lograrán una reforma que carece de algún tipo de control de la labor militar en seguridad, sin proponer vías para la construcción de instituciones civiles.

Lo triste: el argumento para mantener al Ejército en las calles es la falta de capacidades de la GN y de las policías locales; que éstas “no se construyen de la noche a la mañana” —como si ello dependiese de una entidad etérea y no del Ejecutivo y el Legislativo—.

Lo irónico: (1) la diputada De la Torre, en mayo de este año, fue testigo de honor en la aprobación de la reforma a la Constitución de Durango, que incorporó el Derecho a la Paz —propuesta impulsada por el Observatorio de Durango, parte de la Red del Observatorio Nacional Ciudadano—; (2) hace pocas semanas el PRI publicó un video —que sigue circulando en sus redes sociales— en el que critica la militarización del país por parte del Gobierno de López Obrador.

Lo increíble: el secretario de Gobernación se reunió con Ricardo Monreal —quien criticó duramente la iniciativa presidencial y quien por años se manifestó en contra de la militarización en los gobiernos de Calderón y Peña—, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, para que apoye la iniciativa priista y ésta sea aprobada.

Lo cierto: ni en lo federal ni en lo local se ha trabajado por construir instituciones sólidas. Por lo que refiere a la GN, en tres años no se ha hecho lo necesario por reclutar personal propio. El 84% de su personal es comisionado de la Sedena. Tampoco se ha trabajado para que ésta cuente con un programa rector de profesionalización, con protocolos de actuación, con mecanismos de supervisión sustentados en indicadores objetivos.

Por lo que refiere a lo local, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2023, las policías estatales de 2016 a 2022 han perdido en promedio más del 30% de recursos y las municipales desde 2021 no han recibido un solo peso federal para su fortalecimiento —como tampoco lo recibirán en 2023—.

Ante tanta negligencia no debe sorprendernos que, pese a que tenemos más Fuerzas Federales en las calles que en cualquier momento del pasado, nada ha mejorado; los delitos han crecido; las detenciones y los aseguramientos han caído y los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros.

México hoy es más violento que al inicio de la administración; hay más desapariciones forzadas y más violaciones a los derechos humanos que en las últimas dos administraciones juntas.