Francisco Rivas

Tres años y medio de fracasos en seguridad

COLUMNA INVITADA

Francisco Rivas*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Francisco Rivas
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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  • Francisco Rivas

Con base en el conteo diario de homicidios del Gobierno federal, mayo fue el mes más violento del año y el más violento de los últimos nueve meses.

Según datos oficiales, en los 41 meses que lleva esta administración hemos superado el total de víctimas de homicidio de la administración de Calderón y estamos por rebasar el total de la de Peña.

De igual manera, en la primera mitad del actual sexenio federal, pasamos de 41 mil a 100 mil personas desaparecidas, un crecimiento en tan sólo tres años del 150% de víctimas de desaparición forzada o involuntaria, comparado con lo ocurrido desde marzo de 1964 al 30 de noviembre de 2018.

Lo mismo ocurre si analizamos los casos de violaciones graves a derechos humanos y los hechos probados de tortura por parte de autoridades federales: en 3 años hemos rebasado lo ocurrido en las dos anteriores administraciones.

En contraste a lo que exhibe dicha información oficial, cada mes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, participa en la conferencia mañanera del Presidente, donde presume lo que a su juicio son logros, y afirma que la estrategia de “abrazos, no balazos” está dando resultados.

Rodríguez presenta gráficas y comparativas que intentan validar sus declaraciones, sin importar que éstas puedan ser imprecisas.

A más de tres años y medio del inicio de esta administración y casi cuatro años del triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador, ¿es válido justificar dicho fracaso adjudicando la responsabilidad a las anteriores administraciones? Indudablemente no.

Si es cierto que hay una política de seguridad diferente a la del pasado, ¿por qué los resultados son los mismos o aún peores que en las administraciones anteriores?

La respuesta es simple, porque la política de seguridad simplemente es la misma, no ha cambiado.

El lema “abrazos, no balazos” es eso, un lema, un discurso. En los hechos, la estrategia de López Obrador es la misma que la de Felipe Calderón y Enrique Peña: centralizar la seguridad y aumentar la presencia de fuerzas federales en el territorio.

Sin embargo, si los resultados de esta administración son peores que los del pasado, se debe en parte a que los delitos y los grupos criminales han evolucionado y vuelto más complejos y en parte, porque —además del desplazamiento territorial de las fuerzas federales— en las anteriores administraciones había una estrategia clara y ahora no.

Es decir, más allá del discurso y presencia de las fuerzas federales en el territorio, el Gobierno actual carece de objetivos claros; acciones específicas para lograrlos; mecanismos para autoevaluarse; así como una clara colaboración con autoridades nacionales e internacionales.

A ello debemos sumar dos aspectos sumamente graves que debilitan el combate al delito: (1) la falta de acciones, investigaciones e independencia de la Fiscalía General de la República, así como el manejo cuestionado de la misma por parte de su titular, y (2) la clara ambigüedad del Presidente en cuanto a lo que algunos señalan como cercanía y/o alianza con la delincuencia organizada.

Así, ¿cómo esperar que guardias nacionales, militares, ministerios públicos o fiscales logren prevenir, reaccionar o combatir los delitos?

Gracias al resultado electoral del pasado 5 de junio, Morena controlará en pocas semanas las dos terceras partes del territorio nacional. Detenta el Ejecutivo federal; es la mayor fuerza política en el Legislativo federal y los congresos locales y ha nombrado a un número significativo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con ello no hay excusas o justificaciones que se sostengan. Si el delito sigue creciendo es por la falta de proyecto, la incapacidad y lo que se empieza a referir como una complicidad del Ejecutivo, sus funcionarios y correligionarios partidistas con la delincuencia organizada.

Lamentablemente, quienes sufriremos en carne propia los efectos del fracaso de este Gobierno en materia de seguridad y justicia seremos los ciudadanos.

Quienes pagaremos por dichos errores seremos las víctimas directas o indirectas de robos, extorsiones, secuestros, lesiones, violaciones, homicidios, feminicidios; víctimas que el Estado no podrá proteger y a quienes no podrá garantizar el acceso a la justicia.