El affaire Djokovic y el supuesto “derecho a no vacunarse”

ENTRE COLEGAS

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Como fue muy difundido mediáticamente, por fin llegó a término la novela del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, en su pleito contra el gobierno de Australia, por haber llegado a ese país y pretender jugar en el Abierto Australiano sin haberse vacunado ni reunir otros requisitos legales.

El caso es ejemplificador en el debate sobre el Estado de derecho (incluyendo tanto los derechos individuales como las responsabilidades del Estado).

Dejemos a un lado la parte comercial del affaire Djokovic. Ciertamente, no “da lo mismo”, ni para los organizadores del torneo ni para la afición, no contar con el jugador número uno del mundo y campeón defensor del título. Al final, todo ello, venturosamente, pasó a segundo término. Lo realmente importante tiene que ver con la vigencia del Estado de derecho, en este caso, con el cumplimiento de las reglas establecidas por los gobiernos para enfrentar la pandemia (sin olvidar, por supuesto, los cálculos electorales: el 21 de mayo hay elecciones en Australia y, como en todo proceso electoral de esta época, el desempeño del gobierno respecto a la pandemia será factor determinante).

En cuanto se empezaron a conocer los efectos de la pandemia, Australia optó por un modelo muy estricto de cierre de fronteras. Gracias a ésta y otras políticas públicas —y ayudados, además, por su situación geográfica, el tamaño de la población y los recursos del país—, se le ha visto como un caso de éxito ante la pandemia.

Ahora bien, es un hecho que hay mucha gente en todo el mundo que se declara como “antivacunas” (y, gracias al asunto australiano, Djokovic se ha convertido en un importante portavoz de ese grupo), reivindicando un supuesto “derecho a no vacunarse”, alegando diversos prejuicios y teorías conspiratorias.

En Francia —otro país con comicios a la vista, donde Emmanuel Macron se jugará su reelección—, esta misma semana se adoptaron importantes restricciones para quienes no quieren vacunarse. A pesar de las protestas de éstos, en el país, cuna de las libertades, el Parlamento determinó exigir el certificado de vacunación para acudir a lugares públicos de todo tipo. La votación fue contundente, y sólo se opusieron los diputados de los extremos: la ultraderecha y la izquierda radical (curiosamente, los partidos menos liberales del espectro político francés). Medidas similares han sido anunciadas recientemente también en Italia, Austria y otros países desarrollados.

En suma, el caso Djokovic vs. Australia es clara muestra de cómo muchos gobiernos han adoptado medidas severas, poniendo el interés superior de la sociedad y la defensa de la salud pública por encima de prejuicios o creencias, lo cual legítimamente justifica la limitación de algunos derechos, como los de movimiento, concentración y acceso a diversos sitios (derechos que son, sin duda, superados en la balanza al considerar el derecho a la vida y a la salud del resto de la población).

Claramente, no ha sido el caso de México, donde, más allá de ofrecer la vacunación a la población, el comportamiento frente a la pandemia se ha dejado enteramente a la ciudadanía (si bien algunos gobiernos locales han adoptado medidas adicionales, como el caso de Jalisco). Será la Historia la que juzgue cuál comportamiento fue más responsable en una situación que ha puesto tantas vidas en riesgo —muchas de ellas, desafortunadamente, perdidas sin necesidad ni justificación—.