INE, año 7

El próximo domingo 4 de abril se cumplirán 7 años de la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituyó al que conocimos como IFE. Como se sabe, el principal aspecto de la reforma electoral de 2014 fue la creación de un sistema nacional híbrido, con autoridades electorales administrativas que convergen en la organización de los comicios, superando la distinción previa a 2014 de los ámbitos electorales federal y local separados.

Si bien en su momento hubo mucho escepticismo sobre la viabilidad del modelo que entonces se aprobó, hoy queda fuera de toda duda que el INE, como órgano constitucional autónomo, cumple satisfactoriamente con el mandato constitucional y la función de Estado que se le ha encomendado de realizar elecciones. Desde la creación del INE, se han celebrado con normalidad todas y cada una de las elecciones para cargos federales, locales y municipales, ejecutivos y legislativos previstas en nuestro sistema de división de poderes y nuestro federalismo, según lo dispone la Constitución. Es decir, desde 2014 se han celebrado ya 200 elecciones (incluidas la Presidencia de la República, el Senado y dos veces la Cámara de Diputados) bajo el sistema nacional.

Gracias a la solidez institucional del INE y a los millones de ciudadanos que acuden a instalar las mesas de casilla, que vigilan el buen desarrollo de la jornada electoral y que cuentan los votos de sus vecinos, se ha respetado la voluntad ciudadana —que en gran medida ha optado por la alternancia partidista— en todas y cada una de las elecciones de este ciclo.

Por otra parte, esta elección, que —como es natural, dado el crecimiento poblacional— convocará a la mayor cantidad histórica de ciudadanos con derecho a participar, tiene, como se sabe, dos enormes desafíos: la pandemia del Covid-19 y los embates del Gobierno en turno.

Con respecto a lo primero, el INE ha adoptado todas las medidas de seguridad sanitarias conocidas y al alcance, para el desarrollo del proceso, la jornada electoral y los actos posteriores a ella. En mucho ayudaron las elecciones organizadas en 2020 en Coahuila e Hidalgo, ya en periodo de pandemia, y la experiencia internacional asimilada. Lo otro es un poco más complejo y preocupante: es normal que en cualquier contienda electoral se enciendan los ánimos y se señale a la autoridad ante tal o cual conducta o decisión; hasta ahí, venga y pase. Pero nunca antes se había visto en el país el asedio con el que el Gobierno pretende polarizar y dañar la reputación del árbitro que habrá de dirimir la contienda y ofrecer resultados. Ahí están a la vista, para quien los quiera consignar, los embates que desde el poder político se han realizado al INE.

En un país donde el desempeño de las instituciones públicas es cada vez más deficiente, resalta la labor del INE, con el enorme arraigo que tiene entre los mexicanos, y cuyo legado es patrimonio de distintas generaciones y millones de ciudadanos. De ahí que, más que nunca, sea importante la defensa de su autonomía.