¿Quién debe brindar la educación sexual?

HABLANDO DE DERECHOS

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Si hay algo que haremos muy posiblemente durante nuestra existencia, será tener vida sexual. Habrá quienes empiecen muy jóvenes y quienes lo hagan hasta el final de su vida, y clave será saber cómo hacerlo, con quién hacerlo y cómo cuidarse, para lo cual se requiere necesariamente de una muy buena educación libre de tabús, que deje de ver a la sexualidad como algo pecaminoso, para poder gozarla plenamente.

Quién y cómo debe brindarse esa educación sexual siempre ha sido motivo de controversia, y lo ha sido por la gran carga de prejuicios que rodea al acto sexual. En un país en donde la pederastia, el abuso y la violación a niñas, niños y adolescentes es recurrente, este vacío de información ha repercutido en que muchas personas se aprovechen y cometan conductas detestables en contra de la infancia.

Lo que sería un error es carecer de educación sexual, ya que ésta es una aliada en la prevención cuando alguien aceche a niñas, niños y adolescentes y éstos aprendan a identificar las conductas, tanto para denunciar como para pedir ayuda; pero cuando por prejuicios y moralinas se obstruye el derecho a la información sobre educación sexual, se les pone en riesgo, ya que crecerán con ideas distorsionadas, cargadas de mitos y verdades a medias sobre la vida sexual.

Desde ahí lo oportuno del pronunciamiento que emite la Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=227&id_opcion=73) sobre el riesgo del “PIN parental”, que no es más que una posición que busca imponer una sola forma de educar a la infancia y a la adolescencia, como si sólo existiera una manera de interpretar la sexualidad, y que deja de lado el derecho que tenemos todas las personas a la libertad religiosa, imponiendo creencias desde la profesión de fe y que en un país como el nuestro violenta el Estado laico. Esta posición, por lo pronto en Nuevo León, pretende censurar los contenidos curriculares cuando no estén alineados a la mira del movimiento VOX —promotores del PIN parental—, el cual se ha expandido políticamente por Europa y que ahora llega a nuestro país y cuyas posiciones catalogadas como homofóbicas, machistas y que violentan el derecho a decidir de las mujeres, han sido adoptadas por algunos legisladores y legisladoras.

Es cierto que no se puede atentar contra el derecho que tienen padres y madres de educar a sus hijos desde sus valores y principios, pero también es cierto que la educación que se les impartirá debe garantizarles que está basada en la ciencia, que no genera desigualdades de género, que no discrimina y, en el caso de nuestro país, que además sea laica, todo como lo mandatan los artículos 1 y 3 de la Constitución, sobre el goce de los derechos humanos y la educación. Así que, sin duda, para garantizar derechos y el Estado laico, será importante mantener la competencia y responsabilidad del Estado para brindar una curricular que no violente los principios constitucionales.