Jacqueline L'Hoist Tapia

Las personas desaparecidas también son ciudadanía con derechos

HABLANDO DE DERECHOS

Jacqueline L'Hoist Tapia *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Jacqueline L'Hoist Tapia 
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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El Zócalo de la Ciudad de México vibró con la presencia de aproximadamente 15 colectivos de búsqueda, ahí pusieron montículos de tierra con la intención de asemejar a las fosas donde han encontrado los cuerpos de personas desaparecidas, y sobre ellos colocaron las imágenes de a quienes buscan.

La presencia de los colectivos fue motivada también ante la expresión del Presidente cuando pidió al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU —que visitó nuestro país en semanas pasadas— que en su informe de recomendaciones, que estará enviando a nuestro país en el mes marzo, presentará las pruebas de que persisten las desapariciones en su Administración. Ante esto y con razón, los colectivos respondieron al decir: “Llegamos nosotras con la dignidad entera como prueba fehaciente de que las desapariciones sí existen en Guanajuato y en el país, que no sólo existen, sino que son sistemáticas y generalizadas”. Y es que los números presentados son claros y contundentes.

Están los datos emitidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO). Se tiene registro de 85,929 personas desaparecidas de 1964 a lo que va del año. Este registro corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda y del cual la Ley General en Materia de Desaparición mandata que debe ser accesible a todo el público, con información veraz y actualizada. Es importante mencionar que esta base de datos es elaborada en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, como Data Cívica, sustituyendo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que a pesar de ser un primer esfuerzo para registrar el número de personas desaparecidas, presentaba varias deficiencias que dificultaban la búsqueda o localización de las víctimas. Tenemos entonces que el trabajo de organizaciones y colectivos toma un papel de suma importancia, si no es que primordial, en los esfuerzos contra la desaparición.

También en la base de datos del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) destaca información en donde han desaparecido 97 mil 543 personas en México de 2006 al 2017, de las cuales 36 mil 247 aún siguen sin ser localizadas y, de acuerdo con Data Cívica, organización que retoma datos del Cenapi, una diferencia importante entre los perfiles de las personas desaparecidas es el género, siendo los hombres las personas que desaparecen con más frecuencia. En cuanto a la edad, el grupo de edad más grande de mujeres desaparecidas es el de 12 a 17 años, en hombres es de 30 a 44 años.

Entonces se entiende la indignación de los colectivos ante la exigencia de pedir evidencias como si su sola presencia de búsqueda no fuera la evidencia de una persona desaparecida, y más aún cuando los mismos datos estadísticos lo dicen.

Si desapareciéramos también, exigiríamos que nos busquen y encuentren, y quienes nos busquen, tengan derecho a recibir todo el apoyo por parte del Estado para hallarnos lo antes posible. Porque las personas desaparecidas también son personas sujetas del ejercicio de todos los derechos humanos.