Cero tolerancia a la venta de niñas en México

“No quiero que me vendas. No somos animales. Los animales son los que se venden”, dijo Eloína Feliciano, una mujer mixteca de 23 años, de la comunidad Juquila Yuvinani en el municipio Metlatónoc, cuando platicó a la agencia de noticias AFP, su experiencia al ser vendida por sus padres a los 14 años.

La nota señala que debido a los usos y costumbres de las comunidades indígenas en nuestro país, las niñas son vendidas una vez que tienen su primera menstruación o incluso, antes de que esto suceda. Son matrimonios económicamente arreglados que persisten ante la pobreza y marginación en la que viven, pero también, son acuerdos que tienen a las niñas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, en vulnerabilidad.

Debe ser considerado un crimen la venta de niñas, y a la vez, trabajar como ha dado cuenta la organización civil Tlachinollan, en generar conciencia en mujeres y hombres de las comunidades.

Hay que denunciar la venta de niñas y trabajar como Estado mexicano para que esta práctica se detenga, que nada tiene que ver con descalificar o estigmatizar a comunidad indígena alguna. Tiene que ver con reconocer la destrucción de miles de vidas de niñas, y obligarnos a trabajar urgente y conjuntamente para atender todas las causales que provocan esta barbarie.

Después de décadas de lucha y trabajo incansable de diversas organizaciones civiles como Save the Children, entre otras, en el Senado de la República se aprobó en marzo de 2019 una reforma que prohíbe el matrimonio infantil en México, pero está claro que pasar de esta trascendente modificación legal a la realidad hay una ardua tarea.

México figura entre los países con mayor número de matrimonios infantiles, casi un millón 300 mil casos anualmente, convirtiéndose en el octavo país por debajo de Nigeria, Brasil, Pakistán, Indonesia e India.

Hay que hacer valer la Constitución porque no puede ser que cobijados por usos y costumbres, que en este caso y dicho por mujeres de las comunidades son “abusos y costumbres”, la indiferencia sea la respuesta.

Medios nacionales han venido documentando esta realidad en el estado de Guerrero, pero es de sobra conocido que la venta de niñas sigue sucediendo en muchas otras comunidades.

Las notas detallan que el costo de las niñas va de 39 mil pesos a 356 mil, dependiendo de la edad, de si es virgen, de si tiene hijos o no, y de la precariedad en la que viva la familia de la menor.

El antropólogo y dirigente de la organización Tlachinollan, Abel Barrera, sostiene que una vez que las niñas son compradas quedan vulnerables ante la nueva familia, “los suegros abusan sexualmente de ellas o las esclavizan con tareas domésticas y agrícolas”.

“Queremos que cambie, pero como la gente dice ‘yo hago lo que quiero porque tengo a mi hija y nadie me va a mandar’, quisiéramos que hubiera alguien que nos ayudara, que dieran una ley para impedirlo. Somos gente pobre”, comentó Víctor Moreno de 29 años, casado bajo la misma tradición y opositor de dicha práctica.

Cero tolerancia a la venta de niñas en México. Esta barbarie debe parar y llegó la hora de estar del lado de los derechos de las niñas, de su interés superior y de la justicia.