Cancelar la reforma energética

Las presuntas confesiones (porque hasta ahora son eso, presunciones) de Emilio Lozoya, que involucran en presuntos cohechos a legisladores para aprobar la Reforma Energética, además de la intencionalidad en la lucha anticorrupción y su aplicación político-electoral a mitad de una grave crisis económica, se perfila también con el objetivo de cancelar la reforma que modificó el marco de monopolios estatales.

En los hechos, esa reforma está muerta: en el discurso del 18 de marzo de este año, Andrés Manuel López Obrador expresó que se respetarán los 110 contratos derivados de las rondas petroleras, pero descartó nuevos farmouts con empresas privadas y se optó por Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Producción. En materia eléctrica es clara la meta —sin éxito legal por ahora— de Manuel Bartlett en desplazar a productores independientes, a fin de que CFE retome el control total en generación.

Y considerando la producción de combustóleo al 40% en el sistema de refinerías y su quema en las termoeléctricas viejas de CFE, así como la compra a gran escala de carbón para igual propósito, es evidente que para el actual Gobierno no tiene en sus prioridades transitar hacia energías renovables conforme al Acuerdo de París que suscribió México para frenar el cambio climático.

Pero dar reversa a ese cambio constitucional no es fácil. Cierto que las bancadas de Mario Delgado y Ricardo Monreal pueden obtener las mayorías para la derogación, pero las implicaciones son graves y diversas: una, la más relevante, sería romper con el marco del T-MEC y con los acuerdos tomados en la visita de López Obrador a Donald Trump y en la cena que fue promovida por las petroleras estadounidenses. Otra, la frágil situación financiera de Pemex y CFE.

Pero no es imposible la cancelación: trascendió que la semana pasada Pemex, de Octavio Romero, envió un reporte a la Securities Exchange Commission, que encabeza Jay Clayton, acotando que la empresa no puede predecir el rango de políticas futuras que puedan ser promulgadas y pueden impactar sobre la operación del negocio.

Un tiradero para Arganis. De seguro el nuevo titular de la SCT ya vio algo de lo mucho que heredó de la gestión de Javier Jiménez Espriú, entre ello, el tiradero en aviación donde no todo es efecto del Covid-19. Vaya, el AICM, a cargo de Jesús Rosano, aumentó 16.3% la TUA en los boletos de avión entre enero y julio de este año, además de preparar un “ajuste” para los arrendadores de locales pese a una caída de 70% en la demanda de vuelos y visitantes al aeropuerto. Las aerolíneas no piden “rescate” a la vieja usanza, pero Jorge Arganis Díaz topará con una industria colapsada que aportaba 3.7% del PIB y empleo a 1.4 millones de personas, que hoy carece de cualquier estímulo, pero que carga todo tipo de lastres (incluyendo la losa oficial de meterla con calzador a la Central Avionera de Santa Lucía) como el renacido monopolio de ASA —a cargo de Artemio Arguello— en la venta de combustibles, el olvido a los sistemas de seguridad y de los fantasivuelos de la quebrada Interjet de Miguel Alemán. Vaya paquete.

Lotenal: la casa pierde. El TP01 costó 220 millones de dólares; luego se estimó en 150 millones de dólares para venta; llegó a Banobras una oferta en firme de 125 millones de los verdes; ahora hay un anticipo de un millón de dólares para pagar 120 millones; y sí sale la rifa con 100% de los boletos vendidos, Lotería Nacional a cargo de Ernesto Prieto obtendrá 130.4 millones de dólares. ¿Quién pierde?