La primera tormenta para Tía Tatis

El oficio del 1° de diciembre pasado que firmó el titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía, Jorge Luis Silva, amenaza en convertirse en el primer factor de confrontación de la nueva jefa de sector, Tatiana Clouthier, con buena parte de la representación empresarial que cataloga ese oficio como una intromisión oficial en la vida de organizaciones autónomas con personalidad jurídica propia, violatorio a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Al interior del CCE que encabeza Carlos Salazar, los equipos jurídicos de diversas cámaras y asociaciones realizaron análisis de forma y fondo de la instrucción que pretende prorrogar un año la elección de presidentes y consejos directivos; y concluyen que carece de validez legal y no puede ser de aplicación general. El primer acto de “rebelión” a tal oficio ya lo hace el Consejo Nacional Agropecuario, donde Bosco de la Vega entregará la estafeta en marzo entrante al nuevo presidente resultante de la competencia entre el lechero Vicente Gómez y el azucarero, Juan Cortina.

El oficio en cuestión —apuntan— carece de elementos básicos como un registro de despacho o número de folio, cadena administrativa, u orden expresa de un superior jerárquico; no tiene efectos generales pues, aun con esas deficiencias de forma, sólo aplicaría a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, que lleva Francisco Cervantes, y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, de José Manuel López.

Pero aun al interior de ambas confederaciones, el oficioso oficio podría dar pie a recursos de amparo ya que la Secretaría de Economía no es la responsable de tomar acciones sanitarias (la pandemia de Covid-19 fue el argumento para postergar las elecciones) y que no existe ninguna disposición o supuesto de la Ley de Cámaras en la que esa dependencia pueda convocar las asambleas generales de los organismos.

Esto será toda una prueba para los oficios políticos de Clouthier.

Muerte a los órganos autónomos. Son muchos y complejos procesos a tomar para que Andrés Manuel López Obrador concrete su objetivo de desaparecer los organismos autónomos de Tercera Generación con que se acotó la hegemonía del poder presidencial que acuñó el viejo PRI hasta 1980. Las implicaciones son también diversas y graves, aunque el pretexto —con un claro foco electoral— es la austeridad. En el caso de IFT, que preside Adolfo Cuevas, y de la Cofece, que lleva Alejandra Palacios, se requiere, además de una reforma constitucional previo a las elecciones de junio próximo, de modificar dos artículos del T-MEC —que establece que la autoridad en telecomunicaciones y competencia deben ser independientes— cuando la relación con Joe Biden no apunta a ser la más tersa. De todos modos, se buscará llevarles a la anemia presupuestal; también achicar al límite al INE de Lorenzo Córdova y tal vez luego, con Morena con mayoría legislativa, regresarle al seno de Segob. El Inai, a cargo de Blanca Lilia Ibarra, entrará en vías de extinción. Para la Comisión Reguladora de Energía, de Leopoldo Melchi, ya será cosa de trámite pues está bajo las órdenes de Manuel Bartlett.

¿Y Constellation? Pues nada nuevo: la firma que aquí dirige Daniel Baima sigue a la espera de que el actual gobierno le dé alguna razón sobre la indemnización por la cancelación de su planta cervecera en Mexicali. La negociación la ha tenido que retomar el canciller Marcelo Ebrard, pues la discusión se desplazó hasta el convulso Washington. Pero en lo que se decide cómo compensar los 900 millones de dólares que costó una caprichosa consulta, Constellation Brands tiene paralizadas inversiones en México previstas de 2,500 millones de dólares para 2021.