…y Santa Lucía no existe para Navblue

El nuevo plan de navegación en el espacio aéreo del Valle de México, elaborado por la francesa NavBlue, a cargo de Fabrice Hammel, —que contrató la SCT en la era de Javier Jiménez Espriú— no contempla la operación simultánea del Aeropuerto Internacional de México, el Internacional de Toluca y la terminal en construcción de Santa Lucía, revela el documento, que el 5 de noviembre presentó la misma SCT, la Agencia Federal de Aviación Civil y los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

La reclasificación propuesta para la operación simultánea —en poder de este columnista— sólo considera modificaciones a la operación entre el AICM, a cargo todavía de Jesús Rosano, y el de Toluca, que dirige Federico Bertrand, así como cambios para los aeropuertos de Guadalajara, Cuernavaca y Puebla; pero no considera aún detalles para el acercamiento y despegue visual y por instrumentos, velocidades y alturas mínimas/máximas coordenadas para que las tres pistas de la terminal, cuya construcción coordina el general Gustavo Vallejo, ingresen y capten vuelos del “carrusel aéreo” del Valle de México.

Como aquí se comentó el 30 de noviembre pasado, el plan no se publicó oficialmente en 2020 y que la promesa del subsecretario de Transportes, Carlos Morán, se presentará a finales de este enero. Ello permitirá al Colegio de Pilotos Aviadores de México, que preside Heriberto Salazar, evaluar un modelo hasta ahora teórico y que tendrá que considerar a Santa Lucía cuando esté listo.

Pero el plan hasta hoy conocido tiene aspectos complicados, como el alargamiento de las distancias de llegadas, no considerar los helicópteros, y plantea gradientes de llegadas más pronunciados que por ahora se pueden ejecutar en pruebas de simulador. Habrá que ver que sucede cuando al modelo se agregue la terminal en construcción… y que haya aerolíneas para ocupar tres instalaciones.

Outsourcing, última llamada. Hoy y mañana inician las mesas de trabajo entre el sector empresarial, sindical y especialistas con la STPS, de Luisa María Alcalde, IMSS a cargo de Zoé Robledo e Infonavit de Carlos Martínez para buscar una nueva regulación para la tercerización laboral. Las conversaciones inician cuesta arriba, pues Andrés Manuel López Obrador “tiró línea” contra el llamado outsourcing al que acusa de no haber logrado las metas de empleo prometidas para 2020 y los despidos estacionales de diciembre. En el CCE, de Carlos Salazar, y Concamin, de Francisco Cervantes, y el American Chambers que lleva Luis Torres saben que éste es el último dique ante la andanada oficial; que de imponerse la prohibición (o una regulación tan estrecha que resulta en lo mismo) se habrá acabado la última porción de confianza empresarial tras dos años de promesas inconclusas y desdenes desde Palacio Nacional. Se verá en estas mesas de qué está hecha la oferta del senador Ricardo Monreal para crear reglas claras y racionales que den origen a un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación que observe el marco legal. La prohibición implicaría otro frente más abierto por el gobierno en medio de la peor recesión en 100 años.

Auditoría Guatemala, tache a UNOPS. La Contraloría General de Cuentas del Gobierno de Guatemala, a cargo de Edwin Salazar, reprobó y calificó de “claramente ineficiente” el desempeño de la oficina de UNOPS, a cargo de Grete Faremo, en cumplir el convenio con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 2017-2018 para compra internacional de medicinas y material médico: la auditoría presentada en mayo de 2019 indica que se le encargó a UNOPS licitaciones por 200 millones de dólares para un país que tiene 19 millones de habitantes, pero que usó 59% del dinero público de los anticipos y sólo logró entregar a bodega 32% del total, pagando en ciertos casos precios más altos incluso con el mismo proveedor. ¿Qué podría salir mal en un México de 130 millones de habitantes que quiere comprar 6 mil millones de dólares de medicamentos y material? Mañana le cuento detalles.

Yucatán, contra viento y marea. Ayer en el Segundo Informe de Gobierno de Mauricio Vila, lo más relevante es la resiliencia de la actividad económica —público y privada— en Yucatán, que luego de dos huracanes, Covid, tormentas tropicales y falta de apoyos federales, logró atraer arriba de 40 mil millones de pesos en inversión privada (entre ellas a Amazon), debido a una política estatal deliberada para promover la recuperación productiva. Ahora que “mejor nos vamos a Mérida”.