Segalmex, por estallar bomba financiera

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Mauricio Flores
Mauricio FloresLa Razón de México
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En el caldeado ambiente electoral afloran todo tipo de conflictos de la gestión pública, pero existen muchos —los más relevantes— que estallan por la acumulación de eventos durante casi tres años como es el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana, a cargo de Ignacio Ovalle, que acumula deudas superiores a 7 mil millones de pesos —casi 75% de su presupuesto total anual— con sus diversos proveedores quienes podrían suspender el abasto de productos orientados a las familias más pobres.

Proveedores de leche, suero, grano, enlatados, empaques, construcción, sistemas de información y logísticas se quejan que Segalmex aplaza pagos sin justificación legal alguna. Y no es nuevo. El maltrato, nos cuentan, viene desde junio de 2020. Es evidente que casi un año de impago de facturas —por mucho que haya impactado la pandemia de Covid19 a las entidades del gobierno— no tiene explicación convincente, pero que provoca la muerte lenta de las Pymes vinculadas a lo que fue uno de los programas estrella del Gobierno para atajar la pobreza y, literalmente, el hambre que afecta a casi 40 millones de personas que viven en pobreza laboral.

Y es que las empresas —que ya no cuentan con margen para operar factoraje de cuentas con Nacional Financiera a cargo de Juan Pablo de Botton— se topan con Oscar Navarro, director de finanzas de Segalmex, y su equipo que sin mayor preámbulo se niegan a cumplir los contratos.

Hay quienes aseguran que ello se debe a que esos contratos salieron de la administración de Ovalle sin previa autorización de la SCHP de Arturo Herrera.

El brete y potencial escándalo alcanza a la Secretaría de Agricultura que dirige Víctor Villalobos, pues la falta de pago genera la percepción entre los acreedores que el dinero de pagos se desvió para a la operación electoral en curso. ¿Segalmex en quiebra?

Degradación aérea. Todo el fin de semana creció la versión de que la Federal Aviation Agencia, que encabeza Steve Dickson, degradará al Estado Mexicano en su capacidad de gestión y administración de la industria aeronáutica en nuestro país. No les falta razón a los vecinos: desde octubre pasado informaron a la Agencia Federal de Aviación Civil los más de 140 puntos de preocupación para el arribo de aviones procedentes de México hacia territorio estadounidense, pero ante los cuales hubo oídos sordos; que la Agencia Federal de Aviación Civil, en medio de la salida de Pedro Colmenares y la entrada del general Carlos Rodríguez Munguía, no presentó durante 8 meses la pruebas testimoniales y documentos que demostraran que México cumplió con la contratación de nuevos técnicos e inspectores en plataforma y talleres —entre otras observaciones— y se conformó con enviar oficios. Ello irritó seriamente a los administradores de la FAA. Y considerando que el gobierno de Joe Biden tiene bajo lupa al Gobierno mexicano, el asunto se convierte en geopolítico. De mientras, no habría aerolínea estadounidense que se anime en salir y llegar a la terminal de Santa Lucía si México es degrado de Nivel 1 a Nivel 2 en su gestión de seguridad aérea.

Obras en marcha. En el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles crece el descontento contra su presidente, Luis Rojas, cuyos comentarios sin sustento afectan el prestigio de una entidad profesional, así como convertir al Colegio en foro en donde se descalificaron desde una perspectiva empresarial al Tren Maya y a la Refinería de Dos Bocas. Ahí, un empresario aseguró que ambas obras no se completarán en este sexenio, aun cuando no era el foro para vertir sus expresiones sobre proyectos en los que no tiene participación.