“Asexuadas” e invisibles… mujeres con discapacidad en México

Año 2018. Chiapas. Jessica tiene 17 años y parálisis cerebral severa. Comienza a convulsionar. Su abuela la lleva corriendo al Hospital General de Tapachula, “Dr. Manuel Velasco Suárez”.

La madre de la joven llega también al lugar. Minutos después les informan que la paciente tiene, además, 5 meses de embarazo…

Al escuchar el anuncio de los médicos, madre y abuela se quedan como el párrafo anterior… en puntos suspensivos…

Después vendrá la denuncia ante las autoridades por violación y el camino siempre espinoso de la madre de una víctima de abuso sexual, frente a los protocolos de una Fiscalía.

Mediante un escrito se solicita al director del hospital la interrupción del embarazo de Jessica, por ser producto de una violación, pero para sorpresa de todos, la petición es rechazada.

El director del nosocomio argumentó que el artículo 181 del Código de Procedimientos Penales del Estado establece que, el embarazo a interrumpir no puede estar más allá de los 90 días y Jessica tenía 167 de gestación…

Afortunadamente el médico perdió esa batalla, porque la familia de la joven consiguió que le fuera practicado un aborto en una institución privada.

Casi tres años después, el doloroso capítulo es retomado por la opinión pública, porque este empujó al pasado miércoles 7 de julio a las páginas de la historia, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la existencia de un plazo determinado para practicar un aborto cuando se trate del producto de una violación.

El dolor indescriptible que Jessica vivió se ha traducido, en materia de justicia, en la oportunidad de miles de mujeres víctimas de este tipo de violencia, con discapacidad o sin ella.

Y es que el caso de la joven chiapaneca represente sólo la superficie de una problemática mucho más común y compleja de lo que nos atrevemos a ver y aceptar.

Se calcula que en México hay poco más de 11 millones de mujeres con discapacidad y según el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A.C., el 71 % de ellas ha sufrido algún tipo de violencia.

En este informe, 46.5% afirma haber vivido algún tipo de agresión; 35% violencia emocional; 7% violencia económica; 5% violencia física; 4% violencia sexual y 2% violencia obstétrica. Pero el subregistro es lo más desolador.

La pareja y la familia resultan ser los círculos de mayor incidencia y el 60% de las víctimas señaló desconocer las instituciones que atienden la violencia de género. Su realidad es el desamparo.

Las mujeres con discapacidad tienen 40% más probabilidades de sufrir algún tipo de abuso, desde ser privadas de dispositivos de ayuda simplemente para su movilidad (sillas de ruedas), acceso a servicios médicos o medicamentos, condiciones de higiene elementales, hasta limitaciones en su alimentación.

En su vida cotidiana, muchas viven permanentemente expuestas a recibir tocamientos no deseados por parte de quienes las cuidan o asisten, y la mayoría, ni siquiera pueden expresarlo.

La emergencia sanitaria por Covid-19 puso en evidencia el altísimo riesgo de las mujeres con discapacidad de contraer el virus debido a estas violencias, el abandono o el hacinamiento al que muchas están sujetas.

En 2008 el Estado Mexicano se comprometió a reformular y adaptar normas para apegarse a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, donde uno de los objetivos era reconocer el derecho de este sector a fundar una familia, decidir el número de hijos que quieren tener y mantener la libertad sobre su fertilidad. El avance ha sido nulo.

Hasta 2019 todavía estaba presente en la Norma Oficial Mexicana el término “retraso mental” en los servicios de planificación familiar, donde la recomendación es lo que comúnmente se conoce como “ligadura de trompas”, sin importar la voluntad de la paciente.

En México se mantiene la idea de que una mujer con discapacidad no debe tener hijos, ni debe de ser considerada su opinión al respecto; se les sigue considerando personas “asexuales”, aunque sí pueden ser abusadas sexualmente y entonces se propone la esterilización como método de “prevención”… En lugar de protegerlas y garantizarles una vida libre de violencia… Es simplemente ¡siniestro!

El Fondo de Población de las Naciones Unidas revela que niñas y mujeres jóvenes con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más violencia de género que aquellas que no la tienen, pero la realidad es que NO hay datos exactos y de esta forma se les invisibiliza.

Casos como el de Jessica en Tapachula se cuentan por cientos en México —quizá miles—, ¿lo vamos a seguir tolerando?… porque es un rubro en el que México tiene calificación de Imperdonable, porque se trata de personas, con derechos, visibles y que Sí importan.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.