¿Dónde están?… ¿Quién los busca?… ¡Cada día son más!

Josué David Bruno García, dos meses, fecha de extravío: 06 de junio, Estado de México…

Oziel Iván García Salinas, dos años, fecha de extravío: 12 de junio en Tamaulipas…

Dylan Esau Gómez Pérez, dos años, fecha de extravío: 30 de junio, Chiapas…

No han cumplido ni tres años y sus nombres son los primeros en aparecer en la página oficial de la Alerta Amber esta semana, el último de ellos se llevó los reflectores esta semana y su madre llegó hasta Palacio Nacional.

El día que su hijo desapareció, Juana Pérez llegó como todos los días a trabajar al Merposur, el mercado ubicado en San Cristóbal de las Casas, donde la joven de 23 años vende frutas y verduras.

Ese día, como tantos otros, envió a su pequeño Dylan con su abuela, que trabaja en otro local a sólo unos metros del suyo. Desde entonces no ha vuelto a verlo.

Juana dio aviso a las autoridades esa misma noche y durante 23 días prácticamente no tuvo noticias de la fiscalía del estado, hasta que su grito de auxilio saltó a las redes sociales y comenzó a ser difundido por los medios de comunicación a nivel nacional.

Juana, junto con su hermano y el abogado que la asesora, viajó esta semana a la Ciudad de México “para hablar directamente con el Presidente y que me ayude a encontrar a mi hijo”, me dijo desesperada en entrevista, estando a las puertas de Palacio Nacional, a donde había llegado desde las 5:45 de la mañana para intentar entrar a la conferencia mañanera.

No lo logró, pero lo que sí consiguió fue la atención de los medios que la siguieron en su protesta y pusieron su rostro —con toda su desesperación— a full de pantalla en cadena nacional.

Ese mismo miércoles sorpresivamente salió de su silencio Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del estado de Chiapas, quien apareció en conferencia de prensa mostrando los avances de la investigación del caso de Dylan Esau.

Pero con la madre del niño no tuvo ninguna comunicación antes de dicha conferencia y por ende no tuvo su consentimiento para exhibir al niño en las imágenes que mostró.

Una niña, de entre 10 y 12 años fue quien sacó a Dylan del mercado para entregarlo a una mujer mayor, finalmente identificada por las autoridades que esa misma noche ofrecieron una recompensa de 300 mil pesos a quien diera información sobre su paradero.

La fiscalía chiapaneca violó un protocolo elemental al mostrar a menores de edad sin protección alguna y señalando a una niña casi como una “secuestradora”, cuando su propia minoría de edad en un caso semejante, la coloca en primer lugar como una víctima más.

“…que se entienda que necesitamos un sistema de búsqueda, no paladines que abran carpetas de investigación y se quieran colocar como héroes de la película, cuando el tema central es que Dylan no aparece” me dijo indignado Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien tiene más de tres semanas encima del caso y buscando la atención de las autoridades chiapanecas.

El 20 de julio pasado, la Fiscalía General de Chiapas informó que se había “desmantelado una red de trata de menores que operaba en la entidad” como parte de las acciones de búsqueda del niño desaparecido en el mercado.

Se reveló el cateo de un domicilio particular donde fueron encontrados 23 menores —entre los tres meses y 15 años de edad— con signos de desnutrición y violencia física y psicológica, que presuntamente eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad.

Tres mujeres fueron detenidas y relacionadas al delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados. Pero de Dylan no hubo nada, por ejemplo: ¿se ha solicitado la colaboración del Estado de Guatemala para impedir que el niño sea transportado ilegalmente fuera del país por esa frontera? No lo sabemos…

Y de los otros 23 niños encontrados, tampoco sabemos mucho más. ¿Alguien los busca?, ¿tienen algún tipo de relación familiar con las tres mujeres detenidas?, que por cierto son indígenas tzotziles y no tienen el perfil típico de un criminal.

¿Hay evidencia documental de los presuntos trabajos forzados o esclavitud que se señaló?, ¿alguno de los niños tenía un reporte de Alerta Amber?, ¿había alguna carpeta de investigación abierta previamente por desaparición o sustracción de menores, que pueda estar relacionada con el hallazgo de esos 23 niños?, ¿está articulada la fiscalía de Chiapas con el Sistema Nacional de Búsqueda, como lo marca el protocolo?

Son muchas las preguntas y al menos de éstas, no hay ninguna respuesta hasta ahora…