Debates electorales por venir

La ciudad ha iniciado su proceso electoral local, pero aún faltan reglas para distintos supuestos; una de ésas es la relativa a si los alcaldes, diputados y concejales que buscan la reelección deben pedir licencia.

El artículo 122 de la Constitución federal permite que los diputados puedan ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, lo que implica la posibilidad de tres reelecciones. El mismo artículo prescribe que los alcaldes y concejales de las alcaldías pueden gozar de una elección consecutiva adicional; es decir, ser reelectos por una sola ocasión.

Sin embargo, el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México limitó la reelección de los diputados locales a sólo un periodo consecutivo.

En consecuencia, los tres servidores públicos locales de elección popular, que pueden ser reelectos en la ciudad, son los alcaldes, los diputados locales y los concejales, y una de las discusiones es sobre si el ordenamiento jurídico debe obligarlos a presentar licencia al cargo, si van por otro periodo.

Tras 85 años de prohibición, la reelección legislativa y en ayuntamientos fue prevista en el país a partir de 2018 y la ciudad será la penúltima entidad federativa que la permitirá a partir de 2021 (Tlaxcala será la última en el año 2023), por lo que las primeras batallas jurídico-electorales, apenas comenzarán.

Sobre la reelección se ha argumentado que profesionaliza carreras políticas, da estabilidad a la relación Ejecutivo-Legislativo, fortalece el carácter representativo de la democracia, propicia proyectos de largo plazo, incentiva una relación armónica entre electos y cúpulas partidistas y que incrementa la eficacia.

En mayo de 2017, Fernando de la Peza, del Tribunal Electoral federal, elaboró un estudio sobre los retos y escenarios de la reelección, en él describe el impacto de la figura en la paridad de género, uso de recursos públicos, selección de candidaturas, actos anticipados de campaña, propaganda personalizada, acceso a medios de comunicación, fiscalización de gastos de pre y campaña, redistritación, licencias y candidaturas independientes, entre otros. Esos retos siguen vigentes, porque aún no se ha sorteado con éxito el proceso.

En cuanto a la licencia, el 29 de agosto de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la obligación de solicitarla para aspirar a cargos de elección popular local en el estado de Yucatán. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por Morena (Sí, leyó bien). Éste es un precedente aplicable para la ciudad.

El entonces Ministro José Ramón Cossío indicó que la licencia obstruiría la rendición de cuentas, y el actual presidente de nuestra tremenda Corte llegó a decir que la obligación de la licencia provocaría un shutdown (apagón o cierre de servicios) del gobierno en cada periodo electoral.

La Corte y el Tribunal electoral han cambiado, ahora escuchan con comedimiento y temor reverencial al inquilino de Palacio Nacional, habrá que estar atentos a la última palabra que emitan en materia de controversias electorales.