Imperio de la Mayoría

A principios de febrero, el Presidente AMLO envió al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Contrario a la estrategia del 2013 de participar la iniciativa privada en la generación de electricidad, la Cuarta Transformación aprobó fortalecer a la CFE frente a los inversionistas privados. En consecuencia, la reforma fue suspendida temporalmente por un juez por violar el principio constitucional de la libre competencia.

Con ello inició un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial, en donde el Presidente señaló al Estado de derecho como una herramienta a favor de intereses privados, perniciosos para la nación. Este planteamiento y la solución del Presidente, en donde propuso que si su reforma es anticonstitucional entonces que se modifique la Constitución, es un riesgo –aunque sólo en estas condiciones podría hacerse–, porque en su concepción, el Estado de derecho es sinónimo del Imperio de la Mayoría.

Este nuevo enfrentamiento es parte de una tensión no resuelta que es observable en muchísimos países y sistemas que permiten a las cortes derrotar leyes constitucionales en casos particulares, no sólo por tribunales constitucionales, sino por jueces de orden común. No sólo el Presidente, son muchos los que argumentan que eso es preocupante, porque pudiera no haber mecanismos que garanticen que los intereses privados no alteren los juicios del Poder Judicial. Pero la explicación del Presidente hace pensar la fragilidad del Estado de derecho, dado que desde esta visión pareciera plantear la pregunta de por qué el Gobierno debería de sujetarse a las restricciones interpuestas para limitar su poder, muchas de ellas en leyes, si las leyes no son más que palabras (Pasquino). Al final de cuentas, la Constitución, que es el instrumento por excelencia del liberalismo, no es más que un conjunto de reglas que son difíciles de cambiar, porque están protegidas por súper-mayorías (Przeworski).

El Estado de derecho prevalece cuando los políticos obedecen a las cortes, pero siempre pueden no hacerlo. Lo único que los detiene de no hacerlo es el miedo a que esto les cueste electoralmente, pero pueden arriesgarse a desobedecerlo cuando la mayoría prefiere una reforma cuestionada por las cortes (Przeworski). El Estado de derecho también puede ser el resultado de la utilización de reglas para proteger a un grupo específico como denuncia el Presidente. Los señalamientos de AMLO no deben ser vistos como un desplante autocrático, sino como una vulneración de la estabilidad de las leyes y la Constitución, y un rompimiento con la predictibilidad de las acciones del Estado y, por lo tanto, con la confianza que inversionistas extranjeros y nacionales y, los mismos ciudadanos, puedan tener con el mismo Gobierno. La estrategia del Presidente para lograr su reforma energética no debería ser aprovechar su bono mayoritario, sino lograr un equilibrio de intereses, objetivos y organización de grupos y actores políticos, sin trastocar el principio de la libre competencia.