La transparencia también es ética

De acuerdo con el RTI Rating, un ranking que analiza la calidad de leyes de acceso a la información en el mundo (transparencia de iure), el primer lugar es ocupado por Afganistán y el segundo lugar por México. En los primeros diez lugares también aparecen países como El Salvador o Liberia. En los últimos lugares están Austria y Alemania.

Esto es contra intuitivo cuando se compara, primero, con el factor de Gobierno Abierto del World Justice Project Index (transparencia en la praxis). Aquí, México aparece en el lugar 36 de 218 países, El Salvador 58, Serbia 76, Alemania 10, Austria en 17. Segundo, con el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, en donde México aparece en el lugar 130 de 198, El Salvador 113, Alemania en el 9 o Austria en el 12.

Es decir: tener una ley de acceso a la información robusta, primero, no garantiza una buena implementación y, segundo, no garantiza una disminución en la percepción de la corrupción y muy probablemente un combate efectivo a la corrupción. Si esto es cierto y el patrón se ha repetido desde 2011, ¿qué justifica o no que una legislatura se desgaste o no en aprobar leyes de acceso a la información robustas? 

Primero: un esfuerzo genuino por combatir la corrupción, que no ha llegado a buen puerto por la ausencia de mecanismos de justicia que terminan dejando en la impunidad posibles casos de corrupción, develados por la publicación y divulgación de información pública. Segundo: la transparencia en la práctica tiene que ver más con un ejercicio ético que legal. Los gobiernos no requieren necesariamente de un marco normativo para ser transparentes y, a cambio, reciben la confianza de los contribuyentes y el electorado, como puede ser el caso de Alemania o Austria. Tercero: la robustez de las leyes de acceso a la información es sintomática de una concesión del gobierno a la oposición o a organizaciones de la sociedad civil para disminuir el costo político que la percepción de corrupción produce en su aprobación, aun cuando no realizan acciones paralelas, como el fortalecimiento de sistemas de justicia, para castigar efectivamente la corrupción. 

Las tres respuestas son válidas, pero existe evidencia de que el desarrollo de buenas leyes de acceso a la información, sin la implementación de mejoras en el sistema de justicia, termina incluso dañando los mecanismos de rendición de cuentas horizontales y provocando aún mayor percepción de corrupción. Por lo anterior, es importante que el enfoque con relación a la transparencia y el combate a la corrupción en México, no sólo sea visto desde un enfoque legal, sino que se debe invertir en el desarrollo de políticas que motiven el comportamiento ético de los funcionarios públicos, un compromiso genuino por la transparencia y el Gobierno abierto y un esquema de compliance al estilo privado dentro de la Administración Pública Federal.