Crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Desde 1976, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU calificó como “crímenes de lesa humanidad” las muertes extrajudiciales, desapariciones y torturas letales de dictaduras militares anticomunistas del Cono Sur, durante la Guerra Fría, como la de Augusto Pinochet en Chile y las juntas argentina y brasileña. Aquella tipificación de crímenes de lesa humanidad y la de genocidio, aplicadas lo mismo a masacres como las de Hitler y Stalin, Uganda y Ruanda, la guerra de Estados Unidos contra Viet Nam o la estrategia de tierra arrasada de los regímenes militares de Guatemala y El Salvador, dieron lugar a fines del siglo pasado al Estatuto de Roma y al surgimiento de la Corte Penal Internacional.

Gracias a organismos internacionales de justicia, no subordinados a intereses específicos de estados involucrados, se pudo avanzar parcialmente en el procesamiento de aquellos crímenes con el arresto de Pinochet, quien murió en prisión domiciliaria, y los juicios contra Efraín Ríos Montt en Guatemala. Es evidente que el concepto de justicia transnacional no genera consenso y suscita múltiples resistencias desde algunas potencias hegemónicas, como Estados Unidos, Rusia y China, pero ha sido provechosamente asumido por diversos organismos globales, como la Comisión de Derechos Humanos y la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de la ONU.

Una Misión Internacional de Verificación de Hechos, comisionada por la ONU, acaba de dar a conocer un informe que documenta 53 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2,552 operaciones de organismos de seguridad del gobierno de Venezuela en los que perdieron la vida 5,094 personas. La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, ha declarado que esas “ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de torturas”, por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la policía política venezolanas, “constituyen crímenes de lesa humanidad”.

El informe, como los elaborados por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, caerá en el vórtice del avispero geopolítico en torno a Venezuela. El gobierno de Donald Trump y su Secretario de Estado, Mike Pompeo, aprovecharán la evidencia para justificar sanciones contra Nicolás Maduro, mientras Rusia y Cuba, que tampoco suscriben la premisa de la justicia transnacional, repetirán que se trata de una manipulación orquestada por Washington.

Lo cierto es que la misión de la ONU no recomienda que se emprendan acciones contra el gobierno de Maduro desde Estados Unidos sino que se presenten cargos contra personas concretas, de los aparatos de seguridad del Estado venezolano, ante la Corte Penal Internacional de La Haya. De abrirse algún proceso en esos términos, los acusados podrían ser arrestados en caso de viaje al extranjero y llevados a declarar a La Haya, sin que el gobierno venezolano pueda reclamar inmunidad alguna.

Las reacciones de los rivales geopolíticos de Washington serán tan predecibles como las de Pompeo o Trump. El canciller ruso, Serguei Lavrov, o el chino, Wang Yi, dirán tranquilamente que Estados Unidos es el principal genocida y criminal de lesa humanidad del mundo. Con lo cual no faltarían a la verdad, si no fuera porque esa observación sirve de subterfugio a Moscú y a Beijing para legitimar sus propias violaciones a derechos humanos, que incluyen actos tan ostensibles como el envenenamiento de disidentes, como Alexei Navalny, o arrestos y condenas recurrentes de prisión contra escritores como Liu Xiaobo.

La izquierda bolivariana, reducida al respaldo incondicional a Raúl Castro, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, también será predecible. Dirá que la ONU es un instrumento de Estados Unidos o callará, como ha callado ante cualquier denuncia por encarcelamientos o golpizas a opositores en Cuba y Nicaragua. Su descalificación o su silencio no borrarán los miles de muertos de la represión en Venezuela.