Rafael Solano

Revocación: análisis comparado, Venezuela, Bolivia y México

DE LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

Rafael Solano*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Rafael Solano
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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En la primera década del milenio, surgieron ejercicios de revocación de mandato presidencial como una alternativa para dirimir conflictos en Latinoamérica.

El ejercicio está legislado por cuatro países, Venezuela, Bolivia, Ecuador y México, pero sólo ha sido llevado a cabo en los primeros dos, mientras que, en nuestro país, está por ocurrir. En este análisis revisaremos las características políticas alrededor de ellos y su comparativa.

En el caso venezolano, la revocación de mandato de 2004 fue parte de una salida emanada de la Mesa de Negociación y Acuerdos, facilitada por la OEA y el Centro Carter, entre gobierno y oposición, tras una crisis política y un fallido golpe de Estado entre 2002 y 2003. En un inicio, la oposición promovió la revocación del Presidente y la de los diputados, sin embargo, esta última fue desestimada.

El Consejo Nacional Electoral era recién designado y con una amplia potestad normativa sobre la regulación de todos los aspectos de la revocación, que tuvo serios obstáculos como retrasos, anulación de solicitudes y la revelación de identidades de todos los solicitantes. En la pregunta se evitó la mención del acto de revocar y se apostó por “dejar sin efecto el mandato popular”, asimismo, se permitió al gobierno utilizar propaganda sobre “referéndum ratificatorio”. La “NO” revocación tuvo 5.8 millones de votos (60%), mientras la “SÍ” revocación obtuvo 3.9 millones de votos (40%); la participación ciudadana fue del 70%.

Posteriormente, Chávez lanzó reformas de reorganización política, presupuestal y la reelección indefinida. En Venezuela no ha habido otra revocación de mandato y los intentos de la oposición por activarla han fracasado en dos ocasiones (2016 y 2022), debido a las restricciones legales y operativas.

En el caso de Bolivia, la revocación surgió tras un fuerte conflicto sociopolítico provocado por la redacción de una Nueva Constitución y problemas en la industria de extracción de materias primas, al grado de llegar a ataques con explosivos y asesinatos.

La oposición boliviana desafió en una “Proclama Patria” a que Evo Morales y todas las autoridades electas, se sometieran a un referendo revocatorio. El presidente boliviano les tomó la palabra y aprovechó introduciendo la reelección inmediata y el referéndum revocatorio al congreso. Este último, sin recolección de firmas, aplicado a él mismo, pero también para los prefectos (oficialistas y opositores). Al igual que en Venezuela, en la pregunta se evitó mencionar el acto de revocar, y versó sobre “la continuidad de las políticas, acciones y gestión”. Finalmente, Evo Morales fue ratificado con 2 millones de votos (67%) en su favor y 1 millón de votos en contra (32%), con un 84.5% de participación; también resultaron ratificados todos los prefectos oficialistas, sin embargo, dos de los prefectos opositores (La Paz y Cochabamba) de relevancia, fueron revocados de su cargo.

Lo anterior, permitió al presidente boliviano disminuir las capacidades de la oposición, recuperarse de la crisis política y lograr una mayor legitimación para posteriormente avanzar hacia la oficialización de la Nueva Constitución, que reorganizó el poder en Bolivia y le permitió establecer un largo periodo de gobierno.

Las coincidencias entre estas revocaciones radican en sus contextos. Ambas se plantearon tras fuertes escaladas de conflictos sociopolíticos y fueron incitadas por la oposición, mientras los gobiernos aprovecharon el control existente sobre las autoridades electorales, para dirigir el proceso hacia salidas convenientes para el oficialismo. En Venezuela se enlistó a los opositores y en Bolivia se revocó el control de la oposición sobre provincias de conflictividad para el gobierno. Ambas legitimaron la concentración de poder y las reformas reeleccionistas, durante lo que se conoce como la década de la Marea Rosa latinoamericana. Al respecto, hay que considerar un dato que no es menor, se dieron en poblaciones pequeñas con gobiernos que venían fortaleciéndose en sus capacidades económicas, a través de las materias primas.

En México, no existe una escalada de conflicto sociopolítico general, de hecho, el conflicto político real más profundo se está dando al interior de la coalición gobernante. La oposición no sugirió ni promovió la revocación y, el gobierno, no controla a las autoridades electorales. Hay, además, otros elementos diferenciadores como el tamaño del país y la mermada capacidad económica de la administración, producto del bajo crecimiento y los constantes recortes por “austeridad”.

En lo que se parece la revocación mexicana a las revocaciones boliviana y venezolana, es que se evita mencionar el acto de revocar, y, al menos, al igual que en la venezolana, se ha utilizado la propaganda como una campaña de “ratificación”. También se asimilan en el contexto de reformas por el control económico de áreas estratégicas (electricidad) y de una reforma electoral. Si bien hoy el Presidente no tiene la fuerza para promover una ampliación de mandato o reelección, sí la tiene para proponer un sistema con una fuerte concentración de poder, eliminando la representación proporcional y minando al árbitro electoral.

Lo cierto es que Venezuela, Bolivia y México son los únicos en el mundo que han activado una revocación de mandato nacional. En los países sudamericanos, las altas participaciones y el control del árbitro fueron claves para legitimar al gobierno lo suficiente, y con ello avanzar en proyectos que ampliaron sus mandatos vía reelecciones. Es decir, el resultado fue la concentración de poder, mientras las oposiciones, que buscaban lo contrario, fueron “útiles” para legitimar estas estrategias. En México, no sabemos qué pasará, lo cierto es que después de la revocación se discutirán reformas, que al igual que en Venezuela y Bolivia, definirán que tanta concentración de poder existirá en nuestro país durante los próximos años.