¿Qué busca el gobierno con el caso Lozoya?

La denuncia de Emilio Lozoya ante la FGR no dejó títere con cabeza. Además de tres expresidentes de la República (Salinas, Calderón y Peña), se fue contra varios exsecretarios de Estado y legisladores de distintos partidos políticos.

La filtración pública de videos y de la propia denuncia seguramente son violatorios del debido proceso, por lo que el resultado de las indagatorias es de pronóstico reservado.

¿Pero qué tanto el gobierno pretende hacer justicia con este caso? ¿Realmente van a llegar al fondo del asunto y hasta las últimas consecuencias? ¿Van a meter a Peña a la cárcel? ¿Van a meter a alguien a la cárcel? ¿O simplemente van a administrar un espectáculo mediático de aquí a la elección del año entrante?

Las respuestas a estas preguntas tienen muchas aristas. Y pueden representar un arma de doble filo para el gobierno si no lo saben manejar bien. En primer lugar, si quieren llegar al fondo y castigar a los responsables, habrá que ver que tanta fuerza probatoria tiene la evidencia que entregó Lozoya a la Fiscalía. Va a ser difícil comprobar los dichos de la denuncia con hechos reales y materiales.

Pero si, por otro lado, se va a utilizar este caso sólo para el desprestigio del PRI y el PAN con fines electorales, y nadie termina en prisión, se le puede voltear al gobierno. Podría suceder algo como le ocurrió a Fox con el pretendido desafuero a López Obrador. Terminó por fortalecer al entonces Jefe de Gobierno y debilitando al PAN.

Se está ventilando el tema de tal manera y con tal insistencia por parte del Presidente AMLO que, si todo resulta en un caso más de impunidad, se le puede revertir el efecto que desea desde la perspectiva electoral. Es tanta la expectativa que se ha generado que la gente quiere ver culpables y caras detrás de los barrotes.

Incluso, una fuente bien informada me comentó que la intención del gobierno para el 2021 es alcanzar la mayoría calificada (dos tercios) de la bancada en la Cámara de Diputados. Y que, si acercándose la elección ven que no lo van a lograr, estarían a favor de hacer la consulta pública en marzo para enjuiciar a los expresidentes.

Comparto la opinión vertida por Jesús Silva-Herzog Márquez hace unos días en su columna del periódico Reforma. En sí el tema es de interés nacional por tratarse de actos de corrupción de políticos que nos gobernaron. Ojalá no sea un simple distractor con propósitos electorales y que el gobierno en turno de verdad esclarezca lo ocurrido y castigue a los responsables.

De lo contrario, la 4T será más de lo mismo. La historia ya la conocemos los mexicanos.