México, el país de la impunidad institucionalizada

Hace unos días, tras una intensa presión política y mediática, el todavía gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que presentará su renuncia al cargo en medio de serias acusaciones por acoso y abuso sexual en contra de, al menos, 11 mujeres.

En estos tiempos, quizá no deba considerarse un gran logro o algo que eleve la moral social que un personaje público, simplemente, se haga cargo de las consecuencias de sus acciones. Sin duda, es lo mínimo que pudiera esperarse de un representante popular, un funcionario electo que debe su cargo a los ciudadanos.

Pero lamentablemente, de este lado de la frontera estamos muy lejos incluso de ese mínimo.

En la Cámara de Diputados, apenas el día de ayer se discutió, después de 194 y 105 días de haber sido solicitado, el desafuero de los diputados Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito; y Saúl Huerta, de abuso sexual de menores.

Sí, un diputado acusado de violación por un menor de edad, exhibido en videos entrando a un hotel, compartiendo habitación con su víctima, y hasta abriendo la puerta del cuarto semidesnudo, fue defendido y escondido por más de 100 días de la acción de la justicia.

Y más allá de cerrar la discusión a un partido político o un grupo parlamentario que lo defendió, este caso debe servir como referencia para entender una de las mayores razones del fracaso sostenido de nuestra clase política: la nula rendición de cuentas por la falta absoluta de consecuencias.

En cualquier democracia avanzada, un escándalo documentado de mucho menor nivel que este, significaría una renuncia inmediata y una pronta acción judicial en su contra.

Pero, en México, parece que el verbo renunciar no es parte del vocabulario de nuestra clase política. Enfrentar las consecuencias, asumir su responsabilidad, está fuera de las opciones. Sean de un partido u otro, frente a cada escándalo o señalamiento, nuestros funcionarios y representantes se aferran a sus cargos.

Es trascendental cambiar esto. Sostener la falacia de que la rendición de cuentas, el premio o castigo a un político, se limita únicamente al voto, nos ha salido muy caro. Porque todos sabemos que los resultados electorales, con la pésima acumulación de elecciones a diversos cargos en las mismas jornadas electorales, evita que los ciudadanos puedan discernir correctamente. Y, la mayoría de las veces, las candidaturas ancla –presidenciales o gubernaturas– arrastran a personajes muy cuestionados a triunfos legislativos como los de los diputados Toledo y Huerta.

Si los partidos y los políticos verdaderamente quieren recuperar la confianza de los ciudadanos, es necesario que estos casos signifiquen un punto de quiebre. Que sea quien sea el señalado por un delito, ningún partido o grupo político proteja a un legislador.

Desde la sociedad, debemos dejar de lado preferencias partidistas para exigir uniformemente que se termine con la protección y el cobijo a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia. Sólo así, con consecuencias, podremos aspirar a una clase política que, al menos por sentirse vulnerable, modifique su comportamiento.