El avispero huele a gas

La determinación del Gobierno, posterior a la información acerca de la afectación popular por aumentos injustificados en el precio del gas de uso doméstico, de intervenir en el mercado e imponer un sistema transitorio de control del precio, agitó el avispero.

Afortunadamente, hubo un tono de asertividad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que advertía sobre acompañamiento y protección de organismos de seguridad del Estado e intervención coordinada de autoridades en la capital nacional, encabezados por Claudia Sheinbaum, y otras entidades. A las 15:00 horas de ayer, el tono adversarial de algunos comisionistas fue retirado y el abasto reinició en la CDMX.

Una amalgama de intereses habían sido movilizados. Desde los que trabajan en la legalidad hasta los que operan en la irregularidad, con apoyo de organismos que usan la violencia para el control de rutas y, por supuesto, a quienes en los últimos años han sido desplazados desde áreas oscuras del huachicoleo al abasto de gas robado y que, en un segmento menor pero significativo, se presentan como comisionistas de entre el conjunto que real y legítimamente lo es.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) fijó el costo del gas licuado, también llamado LP, ante las alzas hasta del 100% en algunas regiones del país. El índi-ce del Mont Belvieu, el indicador internacional para la venta, revela un despunte desde febrero ocasionado por la desaceleración en la producción estadounidense y un incremento en la demanda asiática. Es decir, hay una porción del incremento del precio eventualmente justificado, pero que no representa más de una cuarta parte del aumento de hasta 40 por ciento impuesto a los consumidores en las últimas semanas.

Amparados en la situación mundial y en la liberación de los precios establecida desde 2017 convertida en descontrol, distribuidores y comisionistas aumentaron el costo del combustible.

La intervención del Estado era y es necesaria para frenar la escalada que afecta tanto a la industria como a los particulares. Debe ser eficiente y temporal en la medida en que el mercado, con apoyo regulatorio, puede establecer los entornos necesarios para cuidar las normas y el abasto.

En cierto contraste, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (Amexgas) se deslindó de los bloqueos, propuso buscar una solución integral y advirtió contra los grupos irregulares que han crecido durante tres décadas.

En el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia, limitar o interferir en la distribución de hidrocarburos son conductas tipificadas en la legislación federal que se sancionan hasta con 14 años de cárcel.

Está abierta la posibilidad de establecer denuncias en contra de aquellos que se nieguen a proporcionar el servicio o impedir que otros lo hagan.

Es deber del Estado implementar las medidas necesarias para impedir escaladas en los precios de productos esenciales, y seguramente ese control será provisional en tanto se estabiliza el mercado internacional.

El avispero se agitó, todavía huele a gas.