A un mes del Covid-19 en México

Hoy se cumple un mes del registro del primer contagio en nuestro país por Covid-19. Para entonces, se enfrentaba ya una emergencia de salud mundial por su fácil y rápida propagación y por la inexistencia de una vacuna para contrarrestarlo, lo cual se convirtió —a la par— en una emergencia económica también global.

Hasta el día de ayer, en que finalmente la Administración Pública Federal paró actividades, la única medida anunciada por parte del Gobierno federal había sido la suspensión de clases a partir del 20 de marzo. Ante esta lenta respuesta por parte del Gobierno, las medidas preventivas de aislamiento han provenido, básicamente, de autoridades locales y del sector privado.

Más allá de las consecuencias mundiales generadas por el virus, que ha provocado la caída de los precios internacionales del petróleo y un tipo de cambio superior a los 25 pesos por dólar, el impacto económico en nuestro país ya es tangible para amplios sectores de la población, que han tenido que suspender actividades o cuyas fuentes de ingreso se han visto directamente afectadas por las medidas de distanciamiento social.

Y si bien muchas entidades privadas han migrado sus actividades a vías remotas, el panorama no es halagüeño para diversos sectores económicos —principalmente los turísticos y de servicios— ante la dramática caída de ventas y la imposibilidad de laborar a distancia.

Por su parte, el Gobierno mexicano ha impulsado una cuestionable estrategia para tratar de contener la propagación del virus, que ha priorizado prolongar por el mayor tiempo posible la actividad económica. Y aunque aún no se ha puesto en jaque a nuestro endeble sistema de salud, se trata de una apuesta muy arriesgada pues, de no resultar, las consecuencias sanitarias serían catastróficas, tal y como sucede en Italia y España, en donde la crisis se agravó por una tardía acción de las autoridades.

De seguir con esa estrategia se entraría en un complicado dilema, pues mientras que extender la contingencia a lo largo de varios meses permitiría brindar la atención médica requerida dentro de los límites y capacidades del sistema de salud, la ralentización de la actividad económica también se prolongaría.

Para ello, sería imperativo complementar la contingencia sanitaria con medidas tendientes a aminorar su inevitable impacto económico, tales como otorgar beneficios fiscales, condonar el pago de servicios o brindar facilidades crediticias que permitan sobrellevar el confinamiento a las pequeñas y medianas empresas, sin necesidad de despedir a su personal o simplemente quebrar. A ello, habría que sumarle transferencias directas de apoyos —con todos los vicios que ello implica— para incluir al amplio sector informal de la economía, que en nuestro país representa a más de la mitad de la población económicamente activa.

En esta arriesgada apuesta, las pruebas realizadas y los casos reportados son clave, pues la estrategia seguida sería válida si —y sólo si— el número de casos reportados es el real. De lo contario, las autoridades federales habrían actuado con enorme irresponsabilidad. Al tiempo.