Embate contra el INE

Embate contra el INE
Por:
  • eduardon-columnista

A prácticamente un año de haber comenzado la gestión que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha sido notoria la incomodidad que le provocan a él —particularmente— y a su administración, los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, entre varios otros.

Los embates en contra del INE comenzaron casi a la par del inicio del actual Gobierno, y han tomado diversas formas. Primero se anunció la posibilidad de una nueva reforma electoral, en la que se buscaría reducir el tamaño del instituto. Después vino una iniciativa legislativa por parte de Morena, con la que se busca hacer rotativa la presidencia del INE y así terminar de forma anticipada con el periodo de Lorenzo Córdova. Y, la más reciente y ya materializada, la reducción en poco más de mil millones de pesos al presupuesto del instituto para 2020, con respecto a lo solicitado por las propias autoridades del INE para cumplir razonablemente con sus funciones.

Efectuar comicios en México es caro, muy caro. Y esto se debe a que, históricamente, la actividad electoral en nuestro país ha sentado sus bases en torno a la desconfianza. Desde sus inicios, la mayor parte de los procedimientos creados para llevar a cabo elecciones en nuestro territorio han tenido el objetivo de aminorarla o eliminarla. Esto ha provocado un diseño institucional y procedimental complejo, extenso, abigarrado y —por ende— costoso, pues la desconfianza —independientemente del ámbito del que se trate— resulta cara.

Por otro lado, es una realidad que la estructura del INE es muy amplia. El nuestro es quizás el único órgano electoral en Latinoamérica cuya estructura desconcentrada abarca todas las subdivisiones electorales en las que se encuentra dividido el territorio —en nuestro caso, 32 consejos locales y 500 consejos distritales—. Y por si fuera poco, a la par de esta estructura se encuentra la de los institutos estatales —los llamados organismos públicos locales electorales (Oples)—, la cual llega hasta el nivel municipal.

El debate en torno a la aparente duplicidad de funciones entre ambas estructuras —la nacional y las locales— no es reciente. Y en los hechos, los legisladores responsables de la reforma electoral de 2014 —la más reciente— tuvieron la gran oportunidad de suprimir a los Oples de una vez por todas, y que el INE asumiera de forma definitiva sus funciones. Pero no quisieron hacerlo entonces y, por lo pronto, se busca maniatar al Instituto Nacional Electoral mediante un recorte presupuestal, bajo el ya conocido argumento de suprimir el derroche de recursos y de ejercer las mismas funciones, pero de forma más austera.

Sin un análisis adecuado que lo justifique —tal y como parece que sucedió—, medidas de este tipo son contundentes, pero muy peligrosas, pues —como en todo— hay ciertos gastos que pueden recortarse o eliminarse. Pero hay otros tantos más que no pueden ponerse en riesgo ni mucho menos suprimirse, pues está en juego la correcta operación y funcionamiento de la actividad electoral y el adecuado desarrollo de los comicios en nuestro país, nada más y nada menos.