Viernes 15.01.2021 - 20:29

Política de seguridad fallida

Educación a distancia, enorme desafío
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Uno de los principales pendientes de las tres más recientes administraciones federales es una política de seguridad efectiva, que responda a las necesidades de la sociedad y ponga un alto al control que el crimen organizado ejerce en vastas zonas del territorio nacional.

Durante el sexenio de Felipe Calderón se emprendió la llamada “guerra en contra del crimen organizado”. Con la militarización de la seguridad pública como principal eje de la estrategia comenzó una debacle en materia de seguridad en el país que trajo devastadoras consecuencias, descomposición del tejido social, pérdida de vidas humanas y desapariciones, que se cuentan en cientos de miles.

Con el gobierno de Enrique Peña se detuvo la guerra en contra de los cárteles, pero se mantuvo al Ejército en las calles. Y si bien durante los primeros dos años de la administración peñista parecía que el orden retornaba a distintas regiones del país, los trágicos sucesos de Ayotzinapa resultaron ser un golpe de realidad sobre la crisis de seguridad que aún persistía. En el balance final del sexenio, la situación no mejoró y la cifra de víctimas relacionadas con el crimen organizado aumentó.

El fracaso de ambas políticas conformó uno de los principales ejes discursivos de López Obrador durante su larga campaña presidencial, en la que una y otra vez prometió regresar a las tropas a los cuarteles. Sin embargo, ya como Presidente electo, cambió su discurso drásticamente, abandonó la propuesta de retirar al Ejército de las calles y anunció una amnistía generalizada como parte de una nueva estrategia. Ya en el cargo, Andrés Manuel se dio a la tarea de conformar la Guardia Nacional —la cual ha sustituido al Ejército en las calles— y adoptó una estrategia basada en apelar a la buena voluntad de los integrantes de los grupos delictivos y en sostener que no se puede combatir violencia con más violencia.

Sin embargo, en tan sólo un par de semanas, dos sucesos evidenciaron que la política de seguridad de la actual administración no es efectiva y no ha dejado de ser fallida. Primero, el malogrado operativo de captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán —hijo de El Chapo—, lo que mantuvo a la ciudad de Culiacán en estado de sitio por varias horas. Luego, a inicios de esta semana, el ataque cometido en contra de miembros de la comunidad mormona en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora, que dejó como saldo el brutal asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón, entre mujeres y niños.

Estos acontecimientos dan muestra de la incapacidad de los gobiernos locales para hacerle frente al control impuesto por el crimen organizado y de la desarticulación de estrategias por parte de los gobiernos locales y federal. Sin una política de seguridad bien definida y coordinada desde el propio Gobierno federal, poco cambiará en el panorama nacional en materia de seguridad. Por lo pronto, a casi un año de comenzar la actual administración, la situación de seguridad en el país no mejora; y no hay indicios de que la política emprendida —que sigue sin conocerse de manera puntual— vaya a arrojar resultados positivos.