El caso del sexenio

Una práctica común en la forma de hacer política en nuestro país, consiste en que, tras el cambio de gobierno a nivel federal, la administración entrante ponga la mira en uno que otro personaje político de alta jerarquía y dirija hacia éste toda la fuerza del Estado, como una especie de expiación de culpas por los actos de corrupción cometidos por sus antecesores y como la forma de resaltar mediante un caso ejemplar que, ante la comisión de algún delito, nadie queda exento de la acción de la justicia.

Pero a final de cuentas, este tipo de castigos terminan por ser todo, excepto ejemplares. A la larga, los casos con exfuncionarios de primer nivel involucrados y que en su momento generan tanto revuelo, no suelen ser más que parte de vendettas políticas que concluyen a la par que el mandato en turno. Las más de las veces, los entonces procesados terminan por ser liberados –por motivos diversos–, sin que se corrija la actuación de la clase gobernante y sin que disminuya la impunidad por mala praxis en el ejercicio público.

En el último tercio del sexenio pasado, una investigación periodística dirigida por Animal Político y por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –denominada La Estafa Maestra– reveló el millonario desvío de recursos federales mediante la asignación de contratos directos a universidades públicas estatales por la prestación de diversos servicios, las cuales cobraban una “comisión” por su participación y, a su vez, subcontrataban a empresas fantasma para proveerlos, sin que quedara registro de la contraprestación de los mismos ni de los recursos involucrados.

A inicios de semana, Rosario Robles acudió por segunda ocasión a audiencia ante un juez en el Reclusorio Sur por ejercicio indebido del servicio público mientras se desempeñó durante el sexenio pasado como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Tras quedar vinculada a proceso por el caso de la llamada Estafa Maestra, sorpresivamente le fue dictada prisión preventiva cautelar, por lo que fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla. A partir de entonces, dio inicio un proceso de investigación complementaria que mantendrá a la exfuncionaria federal tras las rejas al menos durante dos meses.

El hecho es que este esquema de defraudación se utilizó de forma sistemática por varias dependencias –Sedesol, Banobras y Pemex, entre otras– por lo que la investigación debiera de involucrar a más responsables. Sin embargo, aún es prematuro saber si ésta alcanzará a otros funcionarios públicos de la pasada administración que puedan estar involucrados.

La exhaustividad y pulcritud con que se arme el caso serán fundamentales para determinar si se trata de un proceso emblemático con castigos ejemplares ante oprobiosos actos de corrupción, o si, en realidad, no es más que el chivo expiatorio de este sexenio que, además de responder por sus actos, más bien pagará las consecuencias por las desavenencias sostenidas años atrás con el actual titular del Ejecutivo federal.