“Capufe, acuerdos leoninos”

DESDE LAS CLOACAS

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Bien me lo decía mi abuela Dondinea, “está bien que se cuelguen, pero no se columpien”.

Yo de verdad pensé que eso de los contratos para favorecer a ciertas empresas era cosa del pasado, pero no. Resulta que andaba yo por las cloacas caminando tranquilamente cuando a mis manos llegó un documento con una historia más grosera que la caseta de cobro de la México-Cuernavaca.

Y es que Caminos y Puentes Federales (Capufe), organismo público descentralizado del Gobierno de México que da mantenimiento mayor y menor a los caminos y puentes federales y cuyo titular es Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, suscribió un convenio para favorecer a tres empresas proveedoras morosas.

Les cuento la aterradora historia. Resulta que el 31 de diciembre de 2018, cuando ya estaba en funciones el actual Gobierno federal y en medio del discurso del combate a los contratos “leoninos” que se hicieron en otras administraciones, Capufe signó este convenio con Proyectos y Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., Actica, S. de R.L. de C.V. y Aystel Telecomunicaciones, S.A. de C.V., a las que se había contratado para actualizar equipos en casetas de cobro.

¿Cuánto cobraron? El contrato que originalmente se firmó el 5 de octubre de 2017 indica que se les pagaría “$1,249,728,509.48 (mil doscientos cuarenta y nueve millones setecientos veintiocho mil quinientos nueve pesos)” y tenían, según el documento, un plazo de 15 meses para hacer la chamba.

Pero llegó el 31 de diciembre de 2018 y no cumplieron. ¿Fueron sancionadas? ¡No! En lugar de eso se les dio cinco meses más de plazo para enmendar su pequeña morosidad.

Y hasta ahí todo iba relativamente bien, hasta que después empezó todo a ir relativamente mal, pues una investigación interna detectó esta irregularidad y calificó a dicho convenio modificatorio como “improcedente” pues no se encontró una justificación para la no entrega del trabajo.

A la letra, el texto de la investigación en Capufe indica que “No es procedente la celebración del convenio modificatorio número 5500008777, firmado el 31 de diciembre de 2018 en virtud de que al formalizarlos entregaron condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente al ampliar el plazo de entrega de la totalidad de los bienes para la prestación de servicios de 15 a 20 meses a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo”.

Ademaaás, la investigación detectó sobreprecios por 22.6 millones de pesos y también encontró que no se cobró una sanción de 124 millones más por el atraso.

Y si ustedes creían que eso era todo, ahí les va un huerfanito: hace un par de días Capufe anunció el aumento del tres por ciento en las tarifas del peaje, ja jaaaa.

Ojalá y ese tres por ciento se lo hubieran cobrado a las tres empresas que incumplieron en los plazos de entrega y no a los automovilistas que si no pagamos los peajes, simplemente no nos dejan pasar.

¡¡¡Regresareeeeeeeeeeeeé!!!

 

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