Los abusos en tiempos del coronavirus

Decía mi abuela Dondinéa “las circunstancias exhiben a las personas”, y qué razón tenía. Lo digo porque los efectos de la pandemia por el Covid-19 no sólo se están reflejando en la economía mundial y en los sistemas de salud de cada país.

A nivel social, también se empiezan a observar comportamientos dignos de registro; y voy a mencionar dos casos que llaman la atención, por el nivel de abuso que no se esperaría ver en estos tiempos, pero que son una muestra patente de cómo funcionamos en México. Apenas se declaró la emergencia sanitaria en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 30 de marzo —con medidas extraordinarias como la suspensión de todas las encuestas—, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puso sus barbas a remojar para rescindirle el contrato a una buena cantidad de encuestadores.

Originalmente, los trabajadores estarían en las calles para hacer labores de verificación, en el marco del Censo de Población y Vivienda 2020, con un contrato vigente desde el 21 de marzo hasta el 17 de abril, pero que dadas las circunstancias, se les hizo firmar con fecha de término al pasado 3 de abril. Esto, desde luego, implica que no se les pagará el sueldo inicialmente establecido. En un comunicado, el Inegi informó que “una vez que se levante la etapa de contingencia sanitaria” continuarán los trabajos cuantitativos; pero —me dicen varios encuestadores— aunque el organismo aseguró que tomará en cuenta a quienes ya fueron capacitados, no se les dio garantía de ser recontratados para continuar con su trabajo.

En su comunicado se les olvida un pequeño detalle: el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, señaló que no se debe usar como criterio de despido la contingencia por el coronavirus. En pocas palabras, no es momento de desproteger a los trabajadores ni sus ingresos. Y no sólo son instituciones o funcionarios quienes les están hincando el diente a sus empleados. Les voy a hablar de otro caso que corresponde a un comportamiento de trabajadores que están aplicando aquella máxima de “hágase la ley, pero en los bueyes de mi compadre”.

Me cuentan que en algunos niveles de Gobierno, sobre todo a nivel municipal, los empleados se niegan a que se les pague su salario de manera electrónica; o sea, haciendo una transferencia bancaria a sus cuentas. Esto desde luego facilitaría el cumplimiento de medidas sanitarias, como quedarse en casa y no salir a la calle para evitar el contagio masivo de Covid-19.

Por el contrario, hay trabajadores que, con sindicato de por medio, exigen que se les pague con un cheque, y esto implica que los encargados de áreas como Recursos Humanos se tengan que trasladar a las oficinas de Gobierno para darles su pago de forma presencial, poniendo en riesgo a todos.¿Por qué piden un cheque y rehuyen a una transferencia bancaria? Me cuentan que es porque varios trabajadores tienen deudas con instituciones o pensiones que pagar y no quieren que se les cobre “a lo chino”. Sus malos hábitos financieros están vulnerando la salud no sólo de ellos, sino de todos los que participan en actividades de Gobierno. No es momento de ser mezquinos, ni desde el Gobierno, ni desde los ciudadanos. En Portugal —por ejemplo— el gobierno ha pedido a los bancos retribuir el apoyo que recibieron durante la crisis. Y les recuerdo que en México, la banca también fue rescatada por los mexicanos durante el sexenio de Ernesto Zedillo, con el tristemente célebre Fobaproa, creo que entonces es momento de que también ellos devuelvan el favor.

Regresaréeeeeeeee!!!