El florero, el informe y el modelo de comunicación

Producto de la reforma electoral de 2007 una —y sólo una— cosa buena acordaron los partidos políticos entonces: terminar con el mercado comercial de medios para que los partidos y candidatos no compraran espacios publicitarios para radio y televisión.

Salvo eso, no hizo más que complicar el modelo de comunicación política para gobiernos, partidos y candidatos, en periodos electorales y fuera de ellos, además de privilegiar una lamentable spotiza.

Seguimos pagando por no tener un modelo de comunicación simple y llano, que como en cualquier democracia liberal, presupusiera tres principios básicos: el gobierno está para defender sus logros; la oposición está para criticar a los partidos adversarios y al gobierno; y los ciudadanos estamos para expresarnos en cualquier sentido, de manera individual o asociada, y sin restricciones.

Pero nada más alejado de ello. De los artículos 41 y 134 constitucionales se establecen y desprenden las reglas de imparcialidad y restricciones en materia de propaganda y comunicación política. Por ejemplo, para evitar un beneficio imparcial y personalizado, los servidores públicos sólo pueden hacer difusión de sus informes de labores o de gestión los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe (LGIPE, artículo 242). Estos días y hasta el 6 de septiembre corresponde someterse a la infame spotiza por la que en los medios de comunicación masiva se promocionan los “logros” del Gobierno federal.

De esa misma lógica se desprende el último desencuentro entre el Gobierno y la autoridad electoral, por la entrega de apoyos sociales de los denominados “servidores de la nación”, que se encuentran levantando por lo ancho y largo del país los “censos del bienestar”. Como se sabe, el INE prohibió al Gobierno que los responsables de levantar el censo usen prendas con el nombre del Presidente, en clara —y prohibida— promoción personalizada. Como era de esperarse, AMLO reaccionó tildando al INE de “florero”, que ha actuado con un doble rasero y que lo ataca selectivamente en asuntos que no le competen.

Olvida AMLO que el entonces IFE y el INE le han marcado límites a gobiernos locales y, puntualmente, al de Enrique Peña, cuando se le ordenó eliminar la leyenda “Mover a México” durante la entrega de televisores en ocasión del apagón analógico, un beneficio para el entonces Presidente menos contundente que el actual, ya que se trataba de un slogan de Gobierno, y no la alusión directa y personal de quien lo encabeza. No es que el INE tenga una piel institucional sensible y que haya sobrerreaccionado ante una crítica presidencial. Hicieron bien en salir, la mayoría del pleno de los consejeros, a defender la postura institucional. Es el clásico embate desde el poder presidencial que no se debe dejar pasar.

La verdad es que todas esas restricciones son bizantinas e insuficientes para evitar la sobreexposición mediática presidencial. Si uno se descuida en estos días, puede quedar expuesto a un “combo básico de propaganda y adoctrinamiento”: conferencia mañanera, spotiza de informe, mensaje de ayatolas del censo del bienestar o entrega de la cartilla moral.