El ignoto del Decreto Transístmico

Por ahora es una incógnita cual será la figura institucional con la que el gobierno de AMLO edificará el Corredor Multimodal Transístmico; lo que se sabe es que existe una propuesta para promulgar un Decreto Presidencial que le daría carácter de entidad no sectorizada (independiente a toda secretaría) al proyecto encomendado a Rafael Marín Mollinedo.

Y ante el pleito que ha presentado Donald Trump, la implementación acertada de este megaproyecto es vital para crear infraestructura de desarrollo que retenga la masiva migración tanto de mexicanos como de sudamericanos a Estados Unidos. Dicho Corredor Multimodal implica la integración vertical desde la creación de 6 parques industriales, modernización y operación ferroviaria, la integración de dos puertos marítimos (Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca) así como de la infraestructura carretera y aeroportuaria requerida para crear un nodo productivo, energético y transporte a manera de una gran Zona Económica Especial con bajas tasas impositivas.  Pero su propia integración vertical es un reto, empezando para la propia Comisión Federal de Competencia Económica, a cargo de Alejandra Palacios, por la formación de algo parecido a nueva empresa del Estado (de carácter monopólico y capacidad de establecer Asociaciones Público-Privado) que en principio sólo rendirá cuentas a la Presidencia de la República. La eventual promulgación de dicho Decreto tiene también implicaciones de tipo vinculativo y de instrumentación: por ejemplo, las finadas ZEE (encargadas a Gerardo Gutiérrez Candiani), se diseñaron mediante sendos acuerdos con gobiernos municipales, estatales y sus congresos —para articular tareas tan vitales como la seguridad pública—  así como con el Senado de la República. Lo que no se sabe hoy es si el proceso está en consulta y concertación del Corredor Multimodal con inversionistas, constructores, fabricantes y transportistas… y ya no digamos con las comunidades en una de las zonas más levantiscas.

Tribilín para Contreras. A meses de dejar la presidencia del IFT, no le fue nada bien a Gabriel Contreras al comparecer ante diputados que -como dirían los clásicos- le anotaron tres goles al hilo: cuestionaron una presunta irregularidad en la aprobación de la fusión Disney-Fox al autorizar a un administrador en México Benjamin Pyan, que no cumple con la obligación de ser independiente pues trabajó 25 años para Disney. Los legisladores le reprocharon de otra vez el conflicto de interés que habría tenido Georgina Kary Santiago, Jefa de la Unidad de Competencia, quien asignó un contrato de asesoría de 3 mdp al mismo despacho que representa a Mickey y Tribilín y al que pertenece el excomisionado Ernesto Estrada… por lo que los diputados pidieron la intervención urgente de Graciela Sánchez, nueva titular del OIC del IFT, en un caso con más vericuetos que un capítulo de Los Simpson.

Enermex extiende con Pemex. Una buena en la guerra contra el huachicol es que Enermex, de Julio Jáuregui, firmó un acuerdo de 6 meses del servicio a Pemex para descargar gasolina de buques a pipas en el puerto de Tuxpan mientras se asegura y repara el ducto Tuxpan-Tula.