El riesgo se construye

¿Cuántas vidas y recursos comprometemos con las decisiones que vamos tomando y las acciones que ponemos en marcha? Los desastres no son naturales, los desastres son socialmente construidos.

La tragedia aleccionadora ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, hace seis meses, dejó de manifiesto que la delincuencia, en este caso la dedicada al robo, transporte y comercialización de combustible, es un agente constructor y multiplicador del riesgo en nuestro país. En aquel lamentable hecho se vieron expuestas y afectadas cientos de personas.

Esta actividad delincuencial no sólo pone en riesgo a los delincuentes que la realizan, sino a las familias que rodean el punto en el que se comete el delito. Además, se pone en riesgo a los servidores públicos que atienden la reparación de las tomas clandestinas, a los elementos de los cuerpos de rescate que acuden en auxilio de la población, a los integrantes de la sociedad civil que participan de las acciones de preparación y atención, a las empresas que deben de modificar sus operaciones durante la contingencia, además de las molestias que se generan a gran número de ciudadanos por las labores de atención de estos hechos que incluyen los cierres al tránsito vehicular y ferroviario, los cortes al suministro de varios servicios, como el agua, la luz y la electricidad, entre muchos otros.

El Estado mexicano concentra y expone gran cantidad de recursos humanos, financieros y materiales para atender este tipo de contingencias, que, de no existir, podrían ser redirigidos a diferentes acciones de fortalecimiento, principalmente a la prevención de emergencias y desastres.

Acertadamente, el Gobierno de México ha emprendido una lucha decidida contra el robo de combustible. El plan tiene distintos ejes, estrategias y responsables. Entre ellos destaca, el cuidado de los ductos por donde se distribuye el combustible y una política social comprometida para brindar a los municipios que viven cerca de ellos oportunidades de desarrollo y bienestar.

El pasado viernes una vez más una toma clandestina prendió las alarmas y requirió de la acción inmediata de cientos de extraordinarios servidores públicos y miles de ciudadanos, además de la participación destacada de diferentes organizaciones del sector privado y social. La tragedia pudo haber sido de enormes dimensiones. Afortunadamente, no hubo pérdidas o lesiones que lamentar, ni en la ciudadanía ni en los cuerpos de atención de emergencias y rescate. Únicamente una serie de molestias provocadas a la ciudadanía durante y después de la atención del incidente. Además de la gran labor de todos los involucrados, esta vez la buena fortuna estuvo de nuestro lado.

Es por ello que debemos continuar de manera decidida, perseverante y profunda, con la lucha en contra de los huachicoleros. El robo de combustible como delito es un entramado complejo que comienza con la ordeña y termina en la comercialización del combustible robado. Erradicar el huachicoleo deconstruirá el riesgo, permitirá reorientar recursos y lo más importante, salvará vidas.