Domingo 29.11.2020 - 06:38

El temprano final de la Amnistía

¿A qué juega Enrique Alfaro?
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Escarbar en el pasado, perseguir y llevar a la justicia a exfuncionarios señalados por corrupción, es una alternativa natural cuando la popularidad de un gobernante así lo requiere. Más, cuando éste llegó al poder envuelto en la bandera del combate a la corrupción.

Por eso, cuando a principios de 2018, el entonces candidato puntero Andrés Manuel López Obrador planteó una amnistía a los políticos corruptos del pasado, los pronósticos no se centraron en el cumplimiento de esa propuesta, sino en cuánto tiempo tardaría en dar marcha atrás a ella.

La amnistía nunca terminó de caer bien entre los lopezobradoristas, principalmente, entre los más leales. Para quienes por años acompañaron al hoy presidente señalando la corrupción como el mayor de los males de México, ofrecer “borrón y cuenta nueva” simplemente no hacía sentido.

Durante la campaña electoral, el principal candidato opositor, Ricardo Anaya y los partidos que lo acompañaron acusaron a AMLO de pactar impunidad con el entonces presidente Enrique Peña Nieto a cambio de, primero, no intervenir en el proceso electoral; y después, abrirles las puertas de palacio nacional para gobernar, de facto, desde el 2 de julio.

Durante los primeros meses de este gobierno, el claro intento de AMLO por señalar a los sexenios panistas antes que al de Peña Nieto como responsables de los principales problemas del país, daba cuerda a las acusaciones de un pacto de impunidad. Y la exhibición de la vida privada del expresidente Peña Nieto en portadas de revistas y redes sociales, elevaron la presión al tema.

En este espacio señalamos, desde que la aprobación presidencial alcanzaba el 80 por ciento, que antes que sostener este índice de respaldo, la estrategia de AMLO y su administración estaba centrada en mantener y fortalecer el vínculo con sus más incondicionales. Porque ellos son, día a día, la primera línea de defensa de la Cuarta Transformación. Y para ellos, precisamente, el “borrón y cuenta nueva” ya no podía seguir defendiéndose.

Así, hace 60 días, la prometida amnistía terminó de golpe. Primero, el empresario Alonso Ancira fue detenido en España acusado de corrupción. Hoy, el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, es prófugo de la justicia. El abogado Juan Collado está detenido en el Reclusorio Norte. Y la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fue citada a comparecer ante la FGR. Y la lista podría seguir creciendo.

Las razones jurídicas que sustentan estas imputaciones han sido y seguirán siendo materia de análisis en otros espacios. Lo que es innegable, es que estos procesos cargan con un altísimo componente político estratégico con final incierto.

Porque si bien AMLO le cumple a sus electores y a la mayoría de los mexicanos, previsiblemente a favor de llevar a exfuncionarios ante la justicia, ha abierto una puerta muy grande, y muy difícil de cerrar.

¿Hasta donde está dispuesto a llegar el presidente? ¿Hasta donde tendría que estar dispuesto a llegar para satisfacer a los suyos? Y, si esto está sucediendo a 8 meses de gobierno, ¿qué podemos esperar en 2021, durante el proceso electoral intermedio?