AMLO “está equivocado”: exombudsman

En medio del desmantelamiento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las renuncias de cinco de los 10 integrantes, el ombudsman saliente, Luis Raúl González Pérez, rechazó las acusaciones hechas por el Presidente López Obrador a ese organismo y a él en lo personal desde el inicio del sexenio, de que fueron “florero” y “alcahuetes” de gobiernos anteriores.

Respondió que los términos y adjetivos del Ejecutivo federal contra la CNDH están desapegados de la realidad y está equivocado al insistir en que ésta fue omisa en casos graves de violaciones a los derechos humanos y enumeró las varias recomendaciones que emitió y que fueron “incómodas a los poderes públicos”: entre otras, las de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y Ayotzinapa.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tanto y tan a diario critican cada mañana el odioso pasado pri-panismo, neoliberal y conservador, sin reconocer que en la 4T mucho de ello se vuelve a hacer sin el menor recato, aunque con no pocos pretextos: es el caso de “detener el reloj legislativo” porque la Cámara de Diputados no pudo ni siquiera elaborar el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 que debió aprobarse el viernes  15.

La causa es que la sede cameral de San Lázaro sigue bloqueada por miembros de organizaciones campesinas, como seguramente seguirá mañana o cuando el documento se presente al pleno para ser discutido, por la rotunda negativa del Presidente López Obrador a que se hagan reasignaciones de recursos que, insiste en asegurar, son para “los moches” que exigen los dirigentes.

Éstos, a cual más, rechazan esa acusación e insisten en que si no se acepta incrementarles alrededor de 30 mil millones de pesos, que es lo que reclaman, no permitirán que los diputados aprueben el PEF-20, por lo que de cumplir esa amenaza, tendría que aplicarse el de este año, aprobado por la anterior legislatura del gobierno priista, del que nada quiere saber el Ejecutivo federal.

Aunque no se ve quiénes, cuándo, ni cómo, después de la patente de impunidad que el Gobierno federal dio a todo tipo de violencia y garantizar que “no habrá represión”, ese vandalismo que  reapareció el jueves pasado en el campus de Ciudad Universitaria, que a las pintas en la Torre de Rectoría, destrucción de cristales y daños al mural de Siqueiros, siguió la quema de la librería “Henrique González Casanova” y de la bandera nacional, debe ser investigado a fondo.

No es casual que antes y después de la reelección del rector Enrique Graue, desde fuera o dentro mismo de la UNAM, manos extrañas se empeñen en intentar desestabilizar la máxima casa de estudios del país con actos como los registrados aquel día.