Contras y pros, por reactivación

Entre opiniones divididas de algunos gobernadores y cuestionamientos y críticas ciudadanas de que el confinamiento de dos meses de la población por la pandemia de coronavirus resulte estéril por el riesgo de que los contagios se aceleren al reanudarse algunas actividades económicas por la salida de casa de cientos de miles de personas que reanudarán labores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer su plan de “regreso a la nueva normalidad” en tres etapas, que comenzará el próximo lunes, en 269 municipios de 15 entidades federativas.

Ante las púbicas discrepancias de los mandatarios estatales, incluido el morenista de Puebla, Luis Miguel Barbosa, que coinciden en advertir las consecuencias que podría haber por la salida de casa de cientos de miles de personas que reanudarán sus labores, el Ejecutivo federal declaró que “si en algunos estados no se acata este plan, no habrá controversias, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La pregunta fue tan inmediata como el anuncio de que el IMSS rechazó los 20 ventiladores que a sobreprecio le pagó a la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett Álvarez, porque tras la revisión que se hizo de éstos “se determinó que no reúnen los requerimientos y características técnicas acordadas en el contrato”.

¿Si no se hubiera hecho pública esa sospechosa venta, revelada por un reportaje periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el director general de esa institución habría actuado de la misma forma o se optó por esa salida, justo cuando la titular de la Secretaría de la Función Pública anunció el inicio de esa operación?

Como haya sido, de no  denunciarse que al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz Mirón, cuya empresa tiene el mismo domicilio donde éste vive, en las Lomas de Chapultepec, le fue adjudicado sin licitación ése y otros 17 contratos más por un monto de 278 millones de pesos, según lo denunció ante la Fiscalía General la senadora panista Xóchitl Gálvez, nada se sabría y el “combate a la corrupción” seguiría siendo una farsa igual que en anteriores sexenios.

De paso, eso echa por tierra la insistente expresión mañanera del Presidente en Palacio Nacional del “no somos iguales”, en la que a estas pocas alturas del sexenio no sólo no creen muchos, sino que provoca mofas porque desde antes de la emergencia sanitaria y con otros pretextos, la opacidad en la adjudicación de contratos millonarios ha sido una constante.

Desde aquella compra millonaria en dólares en Estados Unidos de 70 pipas cuando el huachicoleo y de medicamentos por el desabasto, hasta la fecha, en esas operaciones  transparencia y legalidad desaparecieron.