Para Gertz Manero acusaciones de Nieto

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En ejercicio de la autonomía que constitucionalmente posee, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, expresó su inconformidad con las acusaciones públicas que a diario hace el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, al poner en riesgo las indagatorias que se llevan a cabo en relación al debido proceso y la presunción de inocencia de  quienes son mencionados, lo que parará en seco lo que casi a diario hace éste en las mañaneras de Palacio Nacional.

Ante eso, el Presidente López Obrador reconoció ayer que “estamos buscando entendimiento en que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, que no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado —sic— debido proceso; cuáles son los límites; qué sí puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto a información y qué no se puede hacer”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Día a día se complica el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Irak, que ahora involucra a Canadá, luego de que el primer ministro de este país, Justin Trudeau, denunció que el avión ucraniano en el que perecieron 176 pasajeros, entre ellos unos 59 canadienses, fue derribado por un misil iraní.

El gobierno de ese país negó la acusación y solicitó al gobierno de Canadá que le proporcione toda la información con la que asegura contar y en la que basó lo dicho por Trudeau en una conferencia de prensa en Ottawa.

Por lo pronto, ayer, la Cámara de Representantes de EU avaló una moción que obliga al presidente Donald Trump a solicitar autorización al Congreso antes de tomar acciones bélicas contra Irán, y se espera que el Senado acuerde una resolución similar la próxima semana.

Luis Raúl González Pérez, extitular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denunció en su momento que el Congreso de la Unión “infló artificialmente” la importancia de los delitos fiscales al elevarlos a  nivel de “amenaza a la seguridad nacional”, con lo que puso en riesgo de cárcel a personas inocentes.

Ese señalamiento de quien fuera el ombudsman hasta mediados de noviembre pasado fue incluido en la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya reforma entró en vigor ese mismo mes, en que precisó que “los ilícitos fiscales que nos ocupan no alteran la seguridad de la nación”.

Advirtió entonces González Pérez que el propósito de incluir el contrabando, el fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos y la emisión de facturas por servicios inexistentes como amenaza a la seguridad nacional, fue convertir esas faltas en delitos de prisión preventiva forzosa, sin tener que reformar la Constitución, lo que motivó airadas reacciones.