El INE en tiempos de coronavirus

Como es obvio, y así debe ser, todos los asuntos de interés público pasan a segundo término ante la emergencia de la epidemia. En esa lógica, pasó ciertamente inadvertido que el sábado pasado se cumplieron seis años de la transformación del IFE en INE.

El 4 de abril debieron tomar posesión cuatro nuevos consejeros electorales, en sustitución de Pamela San Martín, Benito Nacif, Marco Baños y Enrique Andrade. Se trataría del segundo relevo escalonado en el Consejo General. Sin embargo, la crisis sanitaria impidió que se concluyera en tiempo y forma el nombramiento de las dos mujeres y los dos hombres que ocuparán las vacantes.

Por lo que respecta a este proceso interrumpido, hay que señalar en general el buen trabajo del Comité de Evaluación —integrado en su gran mayoría por personajes de incuestionable prestigio, con una notoria y pública excepción de cuyo nombre es mejor ni acordarse—, salvo por el pequeño “detalle” de que en una preselección en la que se había acordado integrar una lista de 154 aspirantes (77 integrantes por género), se terminó añadiendo un puñado de 10 más, para un total de 82 por género. La verdad, sería cuando menos sospechoso que terminara siendo nombrado alguno de esos rescatados de panzazo a última hora.

Cuando sean los tiempos públicos propicios para darle continuidad y fin a este importantísimo proceso político, lo que se espera es que terminen siendo nombrados perfiles aptos, y que se rompa la lamentable tradición de este sexenio de impulsar, en el Poder Judicial y en los organismos constitucionales autónomos, a personajes de manifiesta incompetencia y/o indeseablemente cercanos a la élite gobernante en turno y/o incluso de muy cuestionable legalidad (como en el caso de la CNDH).

Otra de las consecuencias de la emergencia es que se suspendieron las campañas y los actos de los procesos electorales locales en curso en Coahuila e Hidalgo, hasta superar la emergencia y permitir reprogramar la jornada electoral. También habrá que estar atentos a ver qué sucede con la minuta aprobada por la Cámara de Diputados que reglamenta la reelección de legisladores tras la aprobación de la reforma constitucional de 2014; algo que debió reglamentarse en la pasada Legislatura lo terminarán haciendo los actuales legisladores, seguramente en beneficio propio. Lo mismo sucede con la “ocurrencia” del Presidente de la República de un decreto que puede tener el efecto de contradecir y dejar sin efecto la reforma constitucional que —adecuadamente— terminó con el mercado comercial de la publicidad partidaria electoral y le confirió desde entonces al IFE, ahora al INE, la administración de los tiempos de Estado en esta materia. Hay que estar atentos, pues puede ser que ese decreto termine por ser inconstitucional en razón de sus efectos.

En suma, al recuperarse plenamente la vida pública, una vez que superemos la emergencia sanitaria, el INE tendrá que retomar los pendientes de las elecciones locales, preparar el inicio del proceso electoral 2020-2021 (que arrancaría el próximo septiembre) y, muy importante, mantener su independencia y autonomía política frente al lopezobradorismo, tan proclive a descalificar el arbitraje electoral imparcial.