Huachicol, sudor y lágrimas
El sistema de distribución de combustibles por pipa es uno de los más delicados y sensibles, que opera el día a día apoyado en parte con aplicaciones WhatsApp, con los que cuenta Pemex, por lo que los errores de cálculo en el despacho por tandeo -a fin de ejecutar con rapidez la estrategia contra el robo de combustibles que instrumenta el equipo de Octavio Romero- agravaron el desabasto de suministro en los estados del centro del país.
Pero en el fondo del asunto está las gasolineras que presuntamente vendían combustible robado y que, al perder el “suministro negro”, se quedaron sin producto que vender. Para el gobierno de Andrés López Obrador el combate al “huachicoleo” es “a pie de tanque”, es decir, desde dentro de las instalaciones de Pemex donde se fuga la información sobre los envíos por ducto y/o en la simulación en el despacho de camiones. De ahí las advertencias de “no jugar a las vencidas” que el presidente envió al sindicato petrolero de Carlos Romero Deschamps para no obstaculizar las de control que, se sabe, incluirá también implementación de sistemas más confiables de monitoreo y auditoría.
Y es que si bien Pemex cuenta desde hace dos años con medición volumétrica en línea con el SAT para conocer en tiempo real las ventas y stock en las más de 11 mil gasolineras, además del sistema SCADA para medición de presión en ductos, la información vertida no se aplicó ni permitió detectar las gasolineras donde se podía presumir venta de combustible robado. Las imágenes de personajes rústicos vendiendo bidones de huachicol sólo ilustran la parte menos relevante del problema. El nuevo equipo de Miguel Braceda a Pemex Transformación Industrial se complicó al aplicar el plan emergente de distribución en pipa, tropezando con “blitz mediático” que busca mostrar resultados inmediatos. Pero al parecer serán más efectivas las labores de investigación y judiciales que se dice se efectuarán en Pemex Logística a cargo de José Emilio González.
El juego de Moya Moya. Fue José Luis Moya Moya quien entregó en mano al presidente y al secretario Javier Jiménez Espriú la presunta indagatoria que la Policía Judicial realiza por presuntos actos de corrupción por 17,500 millones de pesos, información que ha refrito e intentado colocar nuevamente en la agenda noticiosa. Sin embargo, se le puede caer el tinglado, de entrada porque la presunta investigación está sin firmas y el folio presentado corresponde a otros hechos y no al coste de movimientos de tezontle y basalto… y porque la cifra exhibida está fuera de proporción real pues equivale a todo el presupuesto de limpieza, nivelación de suelo y construcción de 2 pistas. Además, la negociación con los sindicatos de transportistas de materiales no la efectuó Raúl González Apaolaza a quien Moya señala, si no la STyPS en el tiempo de Alfonso Navarrete pues no existía el tren para mover materiales pétreos (empezó a funcionar en marzo de 2018) y se recurrió a camiones materialistas en diciembre de 2015. ¿Qué busca Moya?