IP, se quedó corta

La rifa
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La iniciativa privada, (IP), y el Gobierno de AMLO firmaron el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, APIDI, con el fin de que, con inversiones directas equivalentes a 25 por ciento del Producto Interno Bruto, la economía crezca a 4 por ciento, por arriba del promedio de 2.3 por ciento de los últimos 36 años.

Según el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), “el compromiso presidencial establece un mecanismo de seguimiento periódico para facilitar y activar proyectos de inversión en sectores y regiones estratégicas”, al tiempo que se “destaca la necesidad de contar con un ambiente que genere confianza, en el que prevalezca el Estado de derecho y las reglas claras para fomentar la inversión”; todo lo cual resulta poco.

Los empresarios debieron aprovechar la oportunidad para exigir (sí, ¡exigir!), a cambio de los 623 mil millones de pesos que, según lo informó el Consejo Mexicano de Negocios, invertirán este año, la reanudación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (NAIM), que iba a ser una de las inversiones directas más importantes para el país y que irracionalmente AMLO canceló, pretendiendo sumergirlo bajo el agua.

Si lo que se firmó fue un acuerdo para promover la inversión, y se trata de inversiones directas, las que se realizan en instalaciones, maquinaria y equipo; en carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos, aeropuertos (ojo: ¡aeropuertos!), ¿no era la firma del APIDI la ocasión perfecta para demandar (si, ¡demandar!), la reanudación de la construcción del NAIM, demanda por demás sensata?

No sólo se perdió la oportunidad para que la IP solicitara, a cambio de sus inversiones, la reanudación de la construcción del NAIM, sino también la oportunidad de que AMLO echara marcha atrás en la peor decisión que, en materia de economía, ha tomado hasta el momento, marcha atrás que hubiera demostrado sensatez, sobre todo si hubiera aceptado que fuera la IP, como se le planteó desde los tiempos de la campaña electoral, la que terminara de construir el NAICM. Pero no, ni la IP tuvo el arrojo de reclamarlo, ni AMLO la sensatez de ofrecerlo.

La IP se quedó corta. Comprometió varios miles de millones de pesos de inversión directa, que es la que produce bienes y servicios (variable con la que se mide el crecimiento de la economía), crea empleos y genera ingresos (de los que depende el bienestar de la gente), a cambio de, como lo señala el comunicado del CCE, el compromiso de AMLO de establecer un mecanismo de seguimiento periódico para facilitar y activar proyectos de inversión en sectores y regiones estratégicas, algo muy general, muy abstracto, que no compromete al Gobierno más que a eso: facilitar y activar, lo cual es algo, pero de ninguna manera todo.